La disposición generó dudas en torno a cómo, a partir de esta disposición, instituciones como el SAT podrían recibir pagos de impuestos por parte de los contribuyentes; pagos de servicios como el predial o cómo se realizaría el propio pago de nómina a los trabajadores del Estado por parte de las dependencias o entidades federales.
María Elvira Concheiro Bórquez, tesorera de la Federación, negó que esto fuera una ruptura entre la banca privada y el sector público, y que se trata de una disposición para poner orden a cuentas en bancos aperturadas por gobiernos locales o dependencias gubernamentales de administraciones anteriores.
“Se trata de un reordenamiento de cuentas viejas de anteriores administraciones, metieron mucho desorden. Las cuentas que no están en la Cuenta Única de Tesorería a nombre de las dependencias tienen que ser registradas por la Tesorería, lo que hemos hecho es pedirle a las dependencias que reabran las cuentas que necesitan, y cierren todas las cuentas que son viejas, de antiguas administraciones que ahí quedaron colgando, no es un número pequeño”, explicó la Tesorera en entrevista con Grupo Fórmula este martes.
Descartó que los usuarios de servicios públicos se puedan ver afectados por esta disposición, y que es una forma de poner orden y transparencia al uso de recursos públicos.
“Tales cuentas presentaron una serie de inconsistencias, como estar aperturadas desde hace varias décadas por gestiones pasadas sin contar con información de saldo, abiertas bajo el nombre de personas que ya no están en la función pública, con errores de clasificación, entre otras”, agregó Hacienda en su comunicado.
La dependencia referenció que el acuerdo modificatorio está encaminado a actualizar el registro de las cuentas por excepción, elaborando una nueva base de datos que sigue lineamientos de apertura, gestión y cancelación que harán más transparente y efectivo su manejo.
Cabe destacar que, si las dependencias y entidades hacen omisión de esta solicitud, la Tesofe informará al órgano interno de control, para su competencia en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, refiere el artículo tercero transitorio.
