Además de las multas y descensos en el REPSE, se han iniciado procesos sancionatorios en contra de las empresas beneficiarias de los servicios. Adicional a las cancelaciones, el SAT, el IMSS, el Infonavit y la STPS han procedido bajo mecanismos de intercambio de información para continuar con la programación y vigilancia del incumplimiento en la materia, por lo que más de 33,000 constancias de registros se encuentran en investigación.
De acuerdo con un comunicado conjunto, la STPS ha actuado de manera preventiva y, con el ánimo de reafirmar lo que se encuentra prohibido por la reforma, ha emitido criterios de inspección relacionados con la agroindustria y el sector hotelero; la emisión de estos criterios será una actividad permanente por parte de esta dependencia.
“Conforme a la política laboral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la recuperación de derechos para las personas trabajadoras es prioritaria para la actual administración y, a dos años de la entrada en vigor de esta reforma, se han reportado diversos beneficios para ellas”, informó la STPS.
Entre los beneficios resaltan 2.9 millones de personas trabajadoras que migraron hacia su empleador verdadero; lo que conllevó que los patrones cumplieran activamente con las disposiciones de la reforma y llevaran a cabo la aplicación del ajuste a sus plantillas en tiempo y forma, sin generar distorsión en el mercado laboral formal; es decir, sin que se ocasionara un incremento en el número de bajas ante el IMSS.
Además, el salario base de cotización aumentó de 469 a 597 pesos; esto es, un incremento del 27.4%. En el caso de las mujeres el aumento fue del 29%, detalló el gobierno federal.
