En un intento de limitar la competencia fiscal entre países, el acuerdo permite a los gobiernos aplicar un impuesto adicional al 15% sobre los beneficios obtenidos en un país con un tipo inferior.
El mínimo global, que se aplica a los grupos con una facturación anual superior a 750 millones de euros (820 millones de dólares –mdd-), pretende disuadir a las grandes multinacionales de registrar beneficios en países de baja tributación, como Irlanda y otros paraísos fiscales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ha guiado el acuerdo desde su negociación hasta su aplicación, afirmó que el mínimo global reduciría a la mitad la diferencia media entre los tipos impositivos de los paraísos fiscales y los de otros países, pasando de 14 puntos porcentuales a 7 puntos tras su aplicación.
Según la OCDE, en una actualización de su impacto económico estimado, es probable que el lugar donde las multinacionales inviertan en el extranjero dependa cada vez más de aspectos como la formación de la mano de obra y las infraestructuras, y no tanto de la ubicación que pueda reducir su factura fiscal total.
"El impuesto mínimo global reduce los incentivos al desplazamiento de beneficios y, al hacerlo, mejora la asignación de capital al aumentar la importancia de factores no fiscales", declaró David Bradbury, subdirector de fiscalidad de la OCDE, en un seminario web.
Según la OCDE, mientras que en la actualidad se calcula que alrededor del 36% de los beneficios empresariales se gravan por debajo del 15%, se espera que sólo el 7% se sitúe por debajo de ese umbral una vez que entre en vigor el mínimo global.
A escala mundial, se espera que los gobiernos recauden entre 155,000 y 192,000 mdd más al año en concepto de impuesto de sociedades, lo que supone un aumento del 6.5%-8,1%, según la OCDE, que ha recortado su estimación anterior de 220,000 mdd.
