El estudio "Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024" señaló que, para hacer frente a los retos de la transición ecológica, los gobiernos deben apoyarse en las herramientas de gestión pública.
"Un ejemplo es la contratación pública, que puede orientarse a promover la sostenibilidad, la responsabilidad medioambiental", preconiza.
Según el informe, sólo 9 de 19 países de la región examinados "tienen una estrategia para contratación pública verde", como puede ser la priorización de empresas que cumplen con criterios de sostenibilidad medioambiental.
Sin embargo, "todos los países encuestados cuentan con marcos normativos de contratación pública que contemplan al menos un objetivo social", siendo el más común el medioambiente (89%), afirma el estudio.
El informe también puso en relieve la importancia de integrar "consideraciones climáticas en las decisiones sobre impuestos y gasto público".
De los 12 países de América Latina y el Caribe encuestados sobre ese punto, solo 5 -Chile, Colombia, Honduras, México y República Dominicana- utilizan esa estrategia, en comparación con el 67% de los países de la OCDE.
Tres de esos países (Chile, Colombia y México) son asimismo miembros de la OCDE, un club constituido por 38 miembros con sistemas democráticos y en su gran mayoría con economías avanzadas.
Además de las estrategias para enfrentar la crisis climática, la OCDE y el BID destacaron otros aspectos en torno a la gobernanza, como la confianza de los ciudadanos.
En 2022, el 36,3% de la población de 16 países de América Latina y el Caribe confiaba en el gobierno central, frente al 47,5% en los países de la OCDE.
"Aunque las democracias de la región se han consolidado, la confianza ha seguido disminuyendo desde la crisis económica de 2008, cuando era del 43%", reveló el informe.
Además, la percepción pública de la corrupción sigue siendo alta.
Según la Encuesta Mundial Gallup (EMG) citada por el informe, el 75,5% de los ciudadanos encuestados en 2023 en América Latina y el Caribe cree que la corrupción está generalizada en sus gobiernos, frente a un promedio de 53.6% en los países de la OCDE.
La EMG está basada en una muestra nacional representativa y probabilística de unos 1,000 individuos por país.
