Los sitios elegidos —Las Granadas en el Estado de México, La Soledad en Durango y Sinaloa, y Delia en Sonora— ya muestran indicios de potencial mineral. La investigación no implica concesiones privadas ni extracción inmediata; se trata de un esfuerzo público y exclusivo del SGM para generar información confiable que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, servirá para “impulsar la innovación, el desarrollo sostenible y la planificación territorial”.
El cobre es indispensable en la fabricación de cables, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. El zinc es clave para galvanizar el acero y extender su vida útil. El molibdeno refuerza aleaciones resistentes al calor, vitales para la industria energética y aeroespacial.
El tungsteno, por su dureza, es insustituible en maquinaria, perforación y hasta en la tecnología de defensa. El oro y la plata, además de su valor financiero, tienen aplicaciones médicas y electrónicas. Sin ellos, la transición energética y la digitalización que marcan el siglo XXI serían imposibles.
El país es uno de los principales productores mundiales de plata y ocupa posiciones relevantes en la minería de oro y cobre. Sin embargo, el nuevo modelo legal fortalece la exclusividad del Estado en las fases iniciales de exploración, lo que busca evitar especulación privada y garantizar que el conocimiento geológico se traduzca en beneficios colectivos.
Al presentar las órdenes, Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, lo resumió así: explorar es conocer y planificar.
En tiempos de transición energética y tensiones por los recursos críticos, el subsuelo mexicano emerge como una carta estratégica que el país no está dispuesto a jugar a ciegas.
