El Gobierno pidió al tribunal que acelerara su revisión decidiendo si se ocupaba del caso antes del 10 de septiembre y celebrando los alegatos en noviembre. El nuevo mandato del tribunal comienza el 6 de octubre.
"Lo que está en juego en este caso no podría ser más importante", dijo el Procurador General D. John Sauer en una presentación escrita.
"El presidente y su gabinete han determinado que los aranceles están promoviendo la paz y una prosperidad económica sin precedentes, y que la denegación de la autoridad arancelaria expondría a nuestra nación a represalias comerciales sin defensas eficaces y empujaría a Estados Unidos de nuevo al borde de la catástrofe económica", añadió Sauer.
Los abogados de las pequeñas empresas que impugnan los aranceles no se oponen a la petición del Gobierno de que el Tribunal Supremo celebre una vista. Uno de los abogados, Jeffrey Schwab, del Liberty Justice Center, dijo en un comunicado que confían en que prevalecerán.
"Estos aranceles ilegales están causando graves daños a las pequeñas empresas y poniendo en peligro su supervivencia. Esperamos una pronta resolución de este caso para nuestros clientes", dijo Schwab.
Los gravámenes forman parte de una guerra comercial instigada por Trump desde que regresó a la presidencia en enero que ha alienado a los socios comerciales, aumentado la volatilidad en los mercados financieros y alimentado la incertidumbre económica mundial.
Trump ha hecho de los aranceles un pilar de la política exterior estadounidense, utilizándolos para ejercer presión política, renegociar acuerdos comerciales y extraer concesiones de los países que exportan bienes a Estados Unidos.
El litigio se refiere al uso de Trump de la IEEPA para imponer lo que Trump llama aranceles "recíprocos" para hacer frente a los déficits comerciales en abril, así como aranceles separados anunciados en febrero como palanca económica sobre China, Canadá y México para frenar el tráfico de fentanilo y drogas ilícitas a los Estados Unidos.
