El señalamiento apunta a una pieza clave de la legislación fiscal mexicana. Desde la reforma al IVA que entró en vigor en 2020, México permite que los operadores de telecomunicaciones bloqueen el acceso a servicios digitales extranjeros cuando no cumplen con obligaciones como registrarse ante el SAT, inscribirse al RFC, contar con representante legal, obtener firma electrónica o pagar el impuesto.
Este apagón forzoso aplica solo a proveedores no residentes y, según DIMA, rompe con principios de trato nacional y no discriminación establecidos en los capítulos de Servicios Transfronterizos y Telecomunicaciones.
Para la industria del streaming, el problema no es menor. Recuerda que estas plataformas sostienen a miles de artistas, productores, disqueras y gestores de derechos en América del Norte.
Los miembros de DIMA son responsables de aproximadamente 84% de los ingresos por música grabada en Estados Unidos, y el streaming musical generó más de 14,000 millones de dólares en 2024.
"La mayoría de los miembros operan a nivel internacional y todos ellos dependen de cadenas de suministro globales e interconectadas que son necesarias para el funcionamiento de una industria musical sólida que permita a los oyentes escuchar la música que quieran, cuando quieran, y que los artistas se conecten con sus fans y lleguen a nuevas audiencias en todo el mundo".
También subraya que su operación exige un ecosistema digital predecible, sin barreras basadas en requisitos administrativos difíciles de ejecutar desde el extranjero.
"Condicionar el acceso a las redes nacionales de telecomunicaciones al cumplimiento tributario, en lugar de a razones técnicas o de seguridad, genera una incertidumbre innecesaria y socava la previsibilidad que requieren los servicios digitales transfronterizos", apunta.
La preocupación crece con lo que viene en 2026, pues la reforma al Código Fiscal obliga a las plataformas digitales a otorgar acceso continuo y en tiempo real a datos operativos para efectos tributarios. Si no cumplen, nuevamente enfrentarían el bloqueo de red.
Esta combinación, advierte la asociación, abre riesgos adicionales en materia de seguridad de datos, y secretos comerciales, y contraviene el capítulo de Propiedad Intelectual del T-MEC, que protege información confidencial y no divulgada.
DIMA sostiene que México utiliza un método de fiscalización “desproporcionado y discriminatorio”, ya que las medidas no aplican a proveedores locales y concentran la carga en los servicios extranjeros.
En un sector donde la mayor parte de los ingresos se destina al pago de regalías, la posibilidad de desconexión automática del mercado mexicano se convierte en un obstáculo relevante para la inversión y la expansión de servicios.
La preocupación de DIMA no es menor, pues México se consolida como uno de los mercados de streaming musical más importantes de América Latina. Al cierre de 2025 se proyecta que 77.4 millones de internautas, equivalentes al 80.1% de los usuarios de internet, escucharán música, podcasts o audiolibros mediante plataformas digitales, de acuerdo con un reporte de The CIU.
De ese universo, 42.9 millones pagarán por algún servicio de audio y 14.3 millones mantendrán la suscripción activa de paga. Esa base sólida confirma que el país es un destino estratégico para el negocio del entretenimiento digital.
Spotify conserva el liderazgo de las suscripciones de paga, siguen Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.
DIMA recuerda que la integración digital de América del Norte depende del acceso sin fricciones entre los tres países. La música en línea, dicen, transformó lo que antes eran mercados aislados en un territorio creativo unificado, donde artistas mexicanos, estadounidenses y canadienses circulan sin fronteras y encuentran audiencias nuevas. Cualquier barrera que afecte ese ecosistema, subrayan, daña la economía cultural regional.
La revisión del T-MEC abre la puerta para corregir los desajustes, afirma la asociación. Insiste en que los tres países deben reforzar el compromiso con el trato no discriminatorio, eliminar obstáculos innecesarios y garantizar que el marco digital mantenga las condiciones de competencia.
