"La extorsión constituye uno de los delitos predicados de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) , toda vez que los recursos obtenidos mediante esta conducta suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen, para posteriormente ser colocados, dispersados y movilizados a través del sistema financiero e incorporados a la economía formal", señalaron la Secretaría de Hacienda, la UIF y la Asociación de Bancos de México en un comunicado conjunto.
La UIF hizo un análisis en el que se detectaron patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de centros penitenciarios.
"Entre los hallazgos, destaca la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos a través de aplicaciones móviles, las cuales concentraron alrededor del 70% de las operaciones observadas en el caso analizado", señaló la autoridad.
Los oficiales de cumplimiento de los bancos tienen 60 días naturales para presentar la guía de prevención ante sus respectivas instituciones y una vez que se apruebe esta guía, se darán 60 días más para la implementación en los procesos de análisis y reporte de operaciones.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, y el sector bancario en su conjunto señalaron que con esta medida fortalecen las herramientas preventivas del sistema financiero mexicano y refrendan su compromiso de apoyar a los sujetos obligados en la detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contribuyendo al cumplimiento de los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y al fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.