“Las nuevas Reglas desarrollan las disposiciones previstas en la legislación, establecen criterios para su aplicación y precisan las obligaciones de los sujetos obligados, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su implementación, supervisión y verificación, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de las disposiciones en la materia”, destacó la dependencia en un comunicado.
¿Cuáles son las actividades vulnerables?
El artículo 17 de la ley antilavado establece entre las actividades vulnerables a los juegos con apuesta, concursos o sorteos; emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas que no son emitidas por entidades financieras; otorgamientos de crédito por parte de instituciones no financieras; construcción o desarrollo de bienes inmuebles (casas, bodegas, comercios).
Venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes; subasta o comercialización de obras de arte; venta de vehículos aéreos, marítimos o terrestres; blindaje de vehículos terrestres; traslado o custodia de dinero o valores; notarios; servicios de corredores públicos; la recepción de donativos; la prestación de servicios de comercio exterior como agente, apoderado o agencia aduanal para importar vehículos, obras de arte, equipos para fabricar tarjetas de pago, entre otros bienes; arrendamiento de inmuebles; el ofrecimiento habitual y profesional de activos virtuales.
Las actividades son consideradas vulnerables cuando los precios de los bienes y servicios que ofrecen superan montos determinados en la Ley por cada actividad.
¿Cuáles son los principales cambios para reglas antilavado de dinero?
Entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.
“A partir de este modelo, quienes realizan actividades vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas, mediante metodologías que fortalezcan la gestión de riesgos y permitan una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita”, informó la SHCP.