China no aparece en la iniciativa de Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Inversión Extranjera . Estados Unidos tampoco. Sin embargo, ambos están presentes entre líneas.
Estados Unidos busca evitar que capital de países considerados adversarios controle tecnología, infraestructura o cadenas productivas estratégicas en México. También aparece en vísperas de la revisión del T-MEC, donde el origen de las inversiones están en la agenda de seguridad económica.
Pero el proyecto de la presidenta no crea un filtro desde cero, ya que el artículo 30 de la ley vigente ya permite a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) impedir adquisiciones por razones de seguridad nacional. El problema, según reconoce el Ejecutivo, es que faltan parámetros y directrices para aplicar esa facultad. En los hechos, ese enfoque ha estado ausente de las evaluaciones. La reforma busca darle dientes y suma nuevos actores para la revisión.
El antecedente más claro surgió en diciembre de 2023, cuando la exsecretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y el exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acordaron crear un grupo bilateral sobre revisión de inversiones extranjeras. Washington planteó vigilar riesgos relacionados con tecnologías sensibles, infraestructura crítica y datos.
En agosto de 2024, Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, advirtió que la presencia china podía condicionar el aterrizaje de nuevas inversiones estadounidenses y convertirse en un tema de la revisión del T‑MEC. El temor, explicó, era que empresas asiáticas utilizaran a México como plataforma para entrar al mercado estadounidense y aprovechar las preferencias del acuerdo norteamericano.
En febrero de 2025, Donald Trump fue más directo mediante una proclamación presidencial sobre el aluminio señaló un “aumento significativo” de la inversión china en México, atribuida a los subsidios del país asiático y al aprovechamiento de huecos en la política comercial estadounidense.
La discusión avanzó hacia el T-MEC, pues en septiembre de 2025, los senadores Dave McCormick, republicano, y Catherine Cortez Masto, demócrata, propusieron convertir la coordinación de los filtros de inversión de los tres países en una prioridad de la revisión del acuerdo.
Meses después, el representante republicano Jodey Arrington planteó que México estableciera un mecanismo semejante al Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, conocido como CFIUS. A diferencia de México, Estados Unidos y Canadá ya cuentan con sistemas desarrollados para examinar operaciones que puedan comprometer su seguridad nacional.
La inquietud también aparece en un subregistro de la inversión china. México recibió 2,668 millones de dólares de IED china entre 2020 y 2025, según las cifras actualizadas de la Secretaría de Economía, pero el Monitor de la inversión china en América Latina y el Caribe del Centro de Estudios China-México (CeChimex) de la UNAM, indica que país captó 11,567 milones en ese mismo lapso.
Además, la presencia china se concentra en actividades conectadas con las cadenas norteamericanas: autopartes, electrónica, energía, maquinaria, centros de datos e infraestructura portuaria.
Pese al contexto, la iniciativa no plantea revisar todo el capital extranjero ni cerrar sectores completos. El nuevo procedimiento obligatorio se activaría solo cuando coincidan tres condiciones: que un inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más de 49% de una sociedad mexicana; que sus activos superen el monto que determine la CNIE, y que opere en una actividad considerada sensible.
La lista incluye energía, transporte, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, defensa, semiconductores, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, biotecnología y tecnologías cuánticas o nucleares.
La CNIE conservaría la decisión, pero sumaría a las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad. En asuntos de seguridad nacional también participarían, con voz pero sin voto, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La iniciativa no ordena rechazar capital chino ni establece restricciones por nacionalidad. Cada adquisición deberá examinarse por sus características y posibles riesgos. Tampoco es una exigencia jurídica del T-MEC, pues el tratado no obliga a México a replicar el CFIUS o la legislación canadiense, pero responde a una presión política documentada.
