Corrupción y debilidad institucional limitan a Paraguay
De acuerdo con Moody’s, los indicadores de gobernanza de Paraguay se mantienen por debajo de los registrados por países con calificaciones crediticias similares, principalmente en materia de control de la corrupción.
Los indicadores de efectividad gubernamental, Estado de derecho y control de la corrupción se ubican sistemáticamente en el percentil 25 o por debajo de este entre los países evaluados por la calificadora.
Además, el control de la corrupción ha registrado un deterioro significativo durante la última década, pese a que ya se encontraba en niveles bajos.
Moody’s reconoció que Paraguay ha realizado reformas para mejorar la efectividad de sus políticas económicas, entre ellas la Ley de Responsabilidad Fiscal, la modernización de la administración financiera del Estado y cambios en el sistema de pensiones.
No obstante, consideró que la quiebra de Ueno Bank y los atrasos fiscales anunciados por el gobierno el año pasado muestran que persisten limitaciones institucionales y problemas para implementar dichas reformas.
Pese a este escenario, la calificadora no anticipa un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay, que mantiene una calificación Baa3 con perspectiva estable, respaldada por el crecimiento económico y una deuda pública equivalente a aproximadamente el 38% del PIB.
En cuanto a los depositantes de Ueno Bank, Moody’s indicó que alrededor del 97% estaría completamente cubierto por el fondo de garantía de depósitos, que a septiembre contaba con una liquidez de 1,600 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de la institución.
La calificadora prevé que una eventual transición presidencial hacia el vicepresidente Pedro Alliana permita mantener la disciplina fiscal y la continuidad de la política monetaria.
Sin embargo, advirtió que una incertidumbre prolongada sobre la transición política y una mayor inestabilidad social podrían afectar el desempeño económico y fiscal de Paraguay, debido al aumento del riesgo político y al deterioro de la confianza de los inversionistas.