Las empresas sociales quieren un régimen especial

Las empresas de triple impacto -social, ambiental y económico- quieren diferenciarse. Actores del ecosistema, encabezados por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) y Sistema B, un organismo internacional que promueve la certificación de este tipo de compañías, trabajan en una propuesta de ley que presentarán al próximo Congreso, que identifique a estos negocios con un régimen societario especial. Y analizan si debe ir acompañado de incentivos fiscales, laborales o de otro tipo que fomenten esta clase de iniciativas.

“El 24 de agosto tuvimos la primera mesa de trabajo” comenta Jorge Corral, director ejecutivo de la ASEM. En esa reunión participaron la aceleradora New Ventures, el fondo de inversión Promotora Social México y el Tecnológico de Monterrey, entre otros. Juntos analizaron mecanismos que impulsen estos negocios desde la política pública. Las propuestas se incluirán en una versión extendida del Emprendecálogo , un documento que reúne las principales preocupaciones de los emprendedores y sus posibles soluciones, que la ASEM hará público el 15 de noviembre.

A partir de esa fecha, la asociación buscará encuentros con el gobierno federal, senadores y diputados. “Nuestro objetivo es hacer no sólo recomendaciones, sino llevar cada una a su implementación en la política pública”, añade Corral. Otros temas que se discutieron en la mesa de trabajo fue cómo incentivar la creación de las empresas sociales y la formación de emprendedores de triple impacto desde las aulas. “Una de las recomendaciones es el régimen especial, las otras dos aún están por definirse”.

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Además del posible incentivo fiscal, tener un régimen especial sirve para la comunicación externa de las empresas sociales y su sostenibilidad a largo plazo, explica Armando Laborde, socio de New Ventures, uno de los principales impulsores del emprendimiento social en el país. “Hoy una empresa con impacto social se revuelve con cualquier otra que no lo tenga y para el consumidor la diferencia no es clara. Esta figura ayudará a comunicar que se trata de un modelo de negocio distinto”, expone el directivo, quien es parte del grupo promotor de Sistema B.

Las empresas sociales o sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) incluyen en sus estatutos la labor social o ambiental con el mismo nivel de importancia que el factor financiero. El triple impacto queda protegido en caso de que la organización sea vendida, cambie de directivos o los inversionistas quieran más ganancias. "Un CEO que no cumpla con los resultados puede ser despedido, además, estas empresas están obligadas a rendir cuentas mediante informes públicos”, dice Corral.

“Entendemos qué es una cooperativa sólo mencionando esa figura, cuáles son sus productos y de qué regiones. Así debe de quedar clara la identidad de la empresa social”, abunda Laborde, quien considera como una ganancia que estas sociedades además puedan ir acompañadas de incentivos fiscales o laborales. “Serían un aliciente que ayudaría a constituirlas”.

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Los entrevistados reconocen que hay preocupación sobre un posible efecto perverso de este tipo de facilidades. “El principal temor es que se pueda desvirtuar, que beneficien a empresas que nada tienen que ver con el impacto social”, explica Corral.

La experiencia chilena podría ser un ejemplo que ilumine el camino a seguir, señala Ramsés Gómez, director ejecutivo de Sistema B, un organismo internacional que promueve la certificación de empresas sociales en América Latina. “En Chile, las compañías certificadas como sustentables son más susceptibles de ganar una licitación pública. Ese es un ejemplo de cómo obtener beneficios que no necesariamente son fiscales y que pueden tener mayor impacto”, asevera.

Gómez es cauto sobre el tiempo que tardará tener una figura especial para las empresas sociales en México. En mayo, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en contar con una ley, luego de tres años de trabajo. En Argentina, la discusión lleva dos años. Uruguay y Chile también tienen propuestas en sus congresos. En Estados Unidos, sólo 34 estados reconocen a este tipo de compañías, que buscan diferenciarse del resto de las sociedades mercantiles.