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Si los emprendedores sociales son el futuro, ¿por qué apenas tienen apoyos?

Tras una reunión con la Secretaría de Economía, varias instituciones civiles se muestran optimistas de lograr un marco legal que apoye a las empresas cuya labor tiene un impacto social.
mar 28 septiembre 2021 01:24 PM
Una planta emerge de un bote con monedas.
Una nueva ley permitiría a las empresas con impacto social conseguir más apoyos para sobrevivir y crecer.

Más de 1 millón de pymes han cerrado sus negocios por la pandemia en México. Se han perdido millones de empleos y han crecido la informalidad y la pobreza. En respuesta, el sector público y privado han celebrado cientos de foros y conferencias bajo una premisa en la que todos parecen estar de acuerdo: es el momento de repensar el sistema para hacerlo más inclusivo y que beneficie a más personas. Pero más allá de estas bonitas palabras y de repetir los clichés de siempre —como aquello de que "una crisis también es una oportunidad"—, ¿cómo se puede dar el siguiente paso y hacerlo realidad?

Una de las vías es obvia: con leyes. Es lo que proponen diversas organizaciones civiles que están impulsando la aprobación en el país de una ley de emprendimiento social que impulse a los negocios que tienen un impacto positivo en el medioambiente y en las personas. Este mes, representantes de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), Sistema B México, la Alianza por la Inversión de Impacto e Impact Hub se reunieron con la Secretaría de Economía para promover este nuevo marco legal.

"Parte de lo que se discutió es cuáles son los retos que existen en México para poder presentar una propuesta de ley y reglamentaciones relacionadas con las empresas sociales", cuenta Mario Romero, director del Impact Hub en la Ciudad de México, una organización global que trabaja para impulsar el emprendimiento y la innovación con enfoque social.

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¿Y cuáles son esos retos? Según Romero, en el diálogo —que tuvo lugar en el marco del evento 'Road to Innovate 2021' celebrado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y La Alianza para Centroamérica— surgieron tres principales: definir qué características debe tener una empresa para ser considerada "social", establecer cómo se va a medir ese "impacto social" y qué entidad va a certificar esa medición, y, por último, acordar qué beneficios se les van a ofrecer a esas compañías.

"Aquí es donde la discusión se amplió mucho más y no hubo consenso", dice Romero. "Uno de los beneficios que tienen en otros países, como Colombia, Ecuador y Perú, donde ya hay leyes de empresas sociales, son los beneficios fiscales, apoyos a través de los impuestos. Otra medida tiene que ver con el acceso a las compras públicas, que haya procesos de compras públicas sostenibles o con impacto. Y hay beneficios como accesos a créditos preferentes o públicos para que puedan mantenerse a flote. Esos son los caminos que se están explorando y discutiendo".

Según la Secretaría General Iberoamericana, en la región hay cerca de 170,000 empresas que ya cumplen las características para ser consideradas sociales. Una nueva ley no sólo permitirá apoyarlas a través de diversas medidas, sino que también puede facilitar su acceso al financiamiento privado de inversionistas y fondos. "Es lo que se ha visto en los países donde ya hay estas leyes —señala Romero—. Antes, los fondos que quisieran entrar en alguna empresa de impacto social tenían que confiar en sus datos o ver si estaban certificadas por alguna organización como Sistema B. Pero ya cuando hay un marco jurídico y una reglamentación para ellas, los accionistas e inversionistas de impacto que buscan soluciones sustentables tienen más fácil identificar estas empresas y acercarse a ellas a inyectarles capital".

¿La ley saldrá adelante? Esa es la expectativa de las organizaciones civiles que se reunieron con la Secretaría de Economía. Romero comenta que "el objetivo es ya presentarlo en cuanto se pueda, esperamos que en meses o un año se presenten estas propuestas con los tomadores de decisiones, impulsadas por bancadas específicas o por algún líder político o la misma ciudadanía". Y finaliza: "Hay retos, pero hay mucha disposición y es importante sumar voluntades para avanzar en esta transición a un sistema que no solo genere valor económico, sino también valor social".

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