Presuntos sobornos de Odebrecht, bajo la lupa de Función Pública
La Secretaría de la Función Pública (SFP) definió el domingo 30 asuntos prioritarios de control y vigilancia, entre ellos el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht cuyo escándalo de sobornos en 12 países de América Latina y África, incluido México.
Durante la primera reunión plenaria de órganos de vigilancia y control del gobierno mexicano, la titular de la SFP, Arely Gómez, pidió a estas entidades del Estado "asumir un rol fundamental" en la adecuada implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Gómez detalló que esta plataforma hará eficiente la gestión pública y la rendición de cuentas.
Junto con esta implementación, se atenderá la entrega de la administración pública federal y se dará "atención prioritaria a los asuntos relevantes", indicó.
El coordinador general de órganos de vigilancia y control de la SFP, Christian Noé Ramírez, dijo al diario El Universal que entre estos casos están el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) y los supuestos sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios mexicanos.
"Tenemos que actuar muy vigilantes y actuar de manera preventiva en estos tres asuntos", declaró Ramírez.
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En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
El departamento informó que la constructura deberá pagar a EU, Brasil y Suiza 2,600 millones de dólares por el caso .
De acuerdo con el reporte, Odebrecht habría pagado en México 10.5 millones de dólares a funcionarios y logró más de 39 millones de dólares de beneficios con los contratos que aseguró como consecuencia.
El informe se derivó de de la investigación brasileña Lavado de auto sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras que ha llevado a decenas de arrestos.
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La SFP anunció días después junto con Petróleos Mexicanos (Pemex) que investigarán si Odebrecht efectivamente también dio dinero a servidores públicos de México.
En el caso del nuevo aeropuerto, se desarrolla un plan de investigación y una auditoría para identificar procesos que pudieron haber sido vulnerados y motivo de actos de corrupción, explicó.
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Confesiones de Odebrecht salpicarían a Temer
En tanto, la tensión política en Brasil aumentó este lunes con la validación de testimonios de exejecutivos de Odebrecht que pueden estremecer al Gobierno de ese país y a la oposición, y afectar a unas cruciales elecciones en el Parlamento.
La presidenta de la Suprema Corte (STF) de Brasil, Carmen Lucia Antunes, homologó las delaciones realizadas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht, una de las compañías implicadas en el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras.
La titular de la STF decidió validar estas confesiones tras la muerte del juez instructor del caso, Teori Zavascki , en un accidente aéreo ocurrido el pasado 19 de enero, pero mantuvo el secreto sobre las delaciones y determinó que solo podrá ser levantado por el magistrado que asuma la instrucción del proceso, que aún no ha sido nombrado.
La validación de las delaciones -pactadas por los acusados con la justicia a cambio de una reducción de condena- permitirá a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de la monumental trama de corrupción de Petrobras, destapada en la operación Lavado de auto.
Pese al secreto de sumario, las filtraciones adelantadas a la prensa local sobre algunas de las delaciones de los exejecutivos de la constructora salpican a decenas de políticos, entre los cuales figurarían varios ministros y gestores del presidente brasileño, Michel Temer, y su antecesora, Dilma Rousseff.
La onda expansiva de esos testimonios es una amenaza también para el Parlamento, que esta semana renovará a sus autoridades en unas elecciones internas que se celebrarán el próximo miércoles en el Senado y el jueves en la Cámara de Diputados.
Esas elecciones son cruciales para el gobierno de Temer, pues de su resultado dependerá la prioridad que en ambas cámaras se le dará a unas polémicas reformas del sistema de jubilaciones y de las leyes laborales que ha propuesto para intentar mejorar el clima económico en un país que ya lleva dos años en profunda recesión.
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