Las mineras tiemblan ante los posibles cambios en la Ley Minera
México es un paraíso para la inversión minera, pues las concesiones de tierra para la industria se otorgan con facilidad. Pero las cosas pueden cambiar, y a los inversionistas del sector no les gusta la idea.
El martes, Morena presentó una iniciativa para reformar la ley minera, que entre otras cosas propone una mayor regulación a las actividades de la industria y da la facultad a la Secretaría de Economía de cancelar concesiones en zonas inviables de explotación o en conflicto por un impacto social negativo.
Ante la iniciativa, se desplomó el precio de las acciones de las mineras mexicanas que cotizan en Bolsa: en tres días, Peñoles ha descendido 15%; Grupo México, 12%; Autlán, 5%; y Minera Frisco, 2%. En conjunto, las cuatro emisoras registran en este periodo una pérdida en su valor de capitalización de 56,825 millones de pesos.
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“A pesar de que es sólo una iniciativa, de corto plazo el impacto que podría tener en las empresas mineras en México (no sólo las que cotizan en Bolsa) podría ser el de incrementar la incertidumbre en las concesiones y en las inversiones de los siguientes años”, comenta Fernando Bolaños, analista de Monex.
Esta propuesta era algo que ya se esperaba, asegura Alik García, analista de Intercam. Por eso, varias compañías ya estaban haciendo estudios sobre el cumplimiento de normas ambientales, regulatorias y de impacto social. El analista no prevé la cancelación de concesiones con esta iniciativa, pero no descarta que dificulte o haga más costoso arrancar nuevos proyectos.
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“Si bien se trata de un endurecimiento en las normas y pudiera provocar retrasos en proyectos y mayores gastos para las empresas del ramo, las mineras hoy día están mejor preparadas para enfrentarlas. De igual forma, la iniciativa no se aleja de lo observado a nivel internacional, además de que varias compañías ya dedican una parte de sus recursos para atender estos temas”, asegura García.
La organización no gubernamental Poder, que ha trabajado con comunidades que afectadas por la minería, como en el caso del derrame de Río Sonora, aplaude la iniciativa, destacando que el Estado asume su papel como protector de los derechos humanos y reconoce que las autoridades deben realizar estudios de impacto social, explica Julieta Lamberti, directora de investigación de Poder.
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Sin embargo, Lamberti advierte que se debe tener cuidado con este tipo de iniciativas, “porque no trae ningún detalle de los lineamientos que se seguirán para implementar estos mecanismos de consulta y de evaluación de impacto social, y cuando una iniciativa de ley no trae esas especificaciones, queda al arbitrio de la autoridad el cómo realizarlas”.
Por su parte, la Cámara Minera de México (Camimex), que agrupa a 93% de las empresas mineras en el país, señala que ha estado en contacto con los funcionarios de la administración entrante y se ha reunido con algunos senadores. “Les hemos externado que nos preocupa que haya situaciones que tengan como sustento criterios erróneos y partan de supuestos que en algunos casos están alejados de la realidad”, indica la Cámara.
