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Las empresas en el país son más transparentes... a excepción de las mexicanas

Las principales firmas del país mejoraron la transparencia de sus políticas anticorrupción, pero las compañías mexicanas continúan por debajo del promedio general, según el ranking IC500.
mar 18 diciembre 2018 03:59 PM
Transparencia
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Por: Transparencia Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Sabemos que la corrupción opera en red, y que las redes de complicidades incluyen tanto a funcionarios públicos como a ejecutivos de empresas. Las redes de corrupción se van tejiendo poco a poco: una empresa necesita un permiso, un ejecutivo de la empresa se lo pide a un gestor, y el gestor paga un soborno para acelerar el trámite necesario.

Los puntos de contacto entre el gobierno y las empresas son tantos y tan frecuentes que se necesitan acciones contra la corrupción, del gobierno y de la empresa. Por eso lanzamos Integridad Corporativa 500 (IC500), un esfuerzo conjunto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Transparencia Mexicana y Expansión para identificar si las empresas están haciendo su parte en el control efectivo de la corrupción en México.

El IC500 es un ranking, elaborado a partir del listado de ‘Las 500 empresas más importantes de México’, de Expansión, que califica a esas compañías por la publicidad y el contenido de sus políticas de integridad corporativa. En 2017 lanzamos la primera edición. Este año, y los siguientes, daremos seguimiento a los avances en este instrumento.

Consulta aquí el especial de las '500 empresas frente a la corrupción'

Es importante destacar que el índice mide la publicidad y la calidad de las políticas de integridad corporativa y anticorrupción, pero no si las implementan ni qué tan corruptas son las empresas. Pese a ello, la existencia y la disponibilidad de las políticas anticorrupción es el primer paso para que las empresas en México orienten sus esfuerzos a mejorar la calidad de sus políticas de integridad corporativa.

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El IC500 es el catalizador para cumplir este fin. A un año de su lanzamiento, podemos anunciar que IC500 ha dado sus primeros frutos, pues se ha convertido en punto de referencia e incentivo para que las empresas apuren el paso en materia de integridad corporativa. La primera edición del IC500 mostró una situación poco alentadora, pues la mayoría de las compañías no tenía una política de integridad corporativa pública, o si la tenían, era deficiente y dejaba fuera elementos fundamentales para garantizar su funcionamiento. Había una oportunidad de mejora muy importante.

Un año después, las compañías más grandes del país han respondido con un compromiso que se refleja en una mejora general con respecto a 2017. Queda mucho camino por recorrer, pero la ruta que las empresas mexicanas han emprendido es la correcta: el compromiso con la Integridad Corporativa.

Estos son los resultados

El promedio de calificación subió 10 puntos, pasando de 37 puntos sobre 100 en 2017, a 47 en 2018. Aunque es un avance considerable, el promedio aún permanece por debajo de los 50 puntos. Las 271 empresas mexicanas que aparecen en la lista de ‘Las 500’, de Expansión, están por debajo del promedio general, con 37 puntos. En 2017, la calificación más alta para una compañía mexicana fue de 82.3 puntos, y en 2018 es de 94.1. Pero la calificación más frecuente en 2017 fue de 9.8 puntos, mientras que en 2018 es de sólo 1.96.

Esto muestra que, aunque un grupo selecto de empresas mejoró y destaca por sus altas puntuaciones, la mayoría de las firmas mexicanas todavía tienen un desempeño muy por debajo de los estándares mínimos. Es necesario resaltar que la variable relevante en el IC500 es la calificación, no la posición en el ranking, y en este sentido las calificaciones mejoraron significativamente. Sin embargo, todavía hay 201 empresas que siguen omitiendo la publicación de sus políticas de integridad corporativa. Es indispensable darle la vuelta a esta problemática, y que el porcentaje de las compañías que hacen pública esta información vaya aumentando hasta que la totalidad de ellas cumpla con este compromiso.

Hay dos tipos de empresas que subieron considerablemente su calificación en el Índice. Por un lado, las que ya estaban el año pasado ubicadas en la parte alta del Índice, y que hicieron ajustes menores a sus políticas de integridad corporativa para mejorar aún más. Son compañías que se preocupan por su reputación, que le dedican recursos y esfuerzo a su responsabilidad corporativa y sus políticas de integridad y que buscan ser reconocidas por ello.

Por el otro, hay empresas que no hacían públicas sus políticas en los sitios de internet, y que decidieron unirse al esfuerzo y transparentar sus códigos de ética y políticas de integridad corporativa. Es muy probable que estas organizaciones ya tuvieran desarrolladas esas políticas, y que ahora hayan decidido hacerlas públicas para poder ser evaluadas en este Índice.

¿Cuáles fueron las principales mejoras?

En esta segunda edición, observamos mejoras en prácticamente todos los componentes de las políticas anticorrupción de las empresas, en específico, en sistemas de denuncia, lavado de dinero y prohibición de sobornos.

Según la encuesta de delitos económicos 2018 de PwC, las tasas de corrupción y soborno en el país aumentaron de 21% en 2016 a 30% en 2018. Ante esta situación, las compañías han respondido reforzando sus políticas contra el soborno y el lavado de dinero o, al menos, hablando de ellas.

Ante los recientes escándalos de corrupción en el sector privado y la expectativa de la sociedad de que se actúe frente a estos casos, parece existir un reconocimiento por parte de las empresas más grandes de México de la necesidad de hacer pública su preocupación de que estos actos no se cometan dentro de ellas. En el reporte global sobre riesgo de fraude de 2017-2018 de la consultora Kroll, 85% de los empresarios encuestados admitió que hubo fraude en sus compañías. Las políticas para prevenirlo deben entonces ser una prioridad central de la integridad corporativa de las organizaciones.

Consulta en este enlace el ranking de las empresas de IC500

Sin embargo, los datos del IC500 arrojan que, aunque hubo una mejora, en 2018 únicamente 29% de las 500 empresas más grandes de México publican sus políticas para prevenir los fraudes. Seguramente, la enorme mayoría de las empresas que forman parte del IC500 cuentan con detalladas políticas de prevención de fraudes, y tienen razones válidas para no publicarlas, como proteger una estrategia desarrollada internamente.

Pero los beneficios de publicarlas son mayores, y si las empresas quieren afianzar su compromiso con el combate a la corrupción y posicionarse como líderes en integridad corporativa, deben empezar a compartirlas. Por último, las políticas de viáticos, aunque muestran una mejora, siguen siendo publicadas en muy pocas empresas (sólo el 12%). Una vez más, es posible asumir que las 500 empresas tienen políticas de viáticos robustas y extensas, pero éstas deben hacerse públicas porque son un elemento crucial para mejorar la integridad corporativa y demostrar qué mecanismos tienen instaurados para que no haya desvío de recursos a través de los viajes de empleados o directivos. Éste es un ejemplo de los esfuerzos marginales que pueden hacer las empresas para mejorar su posición en el Índice y su compromiso con la integridad corporativa.

Análisis por sectores y por países

Este año, al igual que en 2017, el sector mejor evaluado es el aeroespacial, con 92.1 puntos, en promedio. Afores, tabaco, minería y electrónica subieron sus calificaciones y lograron posicionarse por encima del sector educativo, que el año pasado ocupó la segunda posición.

Dentro del top 10 de los mejores, además de los ya mencionados se encuentran también electricidad, infraestructura de transportes y materiales para la construcción. Todos ellos tienen calificaciones promedio que rebasan un puntaje de 67.32. En 2017, esta cifra fue de 55.56, así que hubo una mejora importante. Se puede decir que todos estos sectores están ‘aprobados’, aunque el espacio para mejora todavía es amplio. En g

eneral, la mayoría de los sectores mejoraron su calificación promedio en la segunda edición del IC500. En cuanto a los países de origen de las empresas, las mexicanas están por debajo del promedio general, aunque la calificación subió de 30 a 37 puntos. Es claramente insuficiente. Aunque las compañías mexicanas no están sujetas a una legislación tan estricta como la de Singapur, por ejemplo, deben mejorar para ser líderes en integridad corporativa e imponerse los más altos estándares y las mejores prácticas a nivel internacional.

¿A dónde queremos llegar para 2019?

El IC500 está funcionando. El eco que tuvo la primera edición, la presión que ejerce sobre las empresas y las ganas de éstas de participar y sumarse al esfuerzo han logrado que haya mejoras importantes en tan sólo un año. Pero deben seguir trabajando para alcanzar mayores estándares de integridad corporativa, y, con el tiempo, lograr un Índice donde la mayoría ronde los 90 puntos sobre 100.

Entonces, el siguiente paso sería subir el nivel de exigencia y el rigor. Hacia allá nos dirigimos: luego de la adopción y la publicidad de las políticas de integridad corporativa, lo próximo es evaluar su aplicación.

El IC500 está tocando a la puerta de la integridad corporativa. Falta abrirla y ver qué hay adentro: conocer si las políticas en efecto se cumplen. Las empresas deben tener una cultura de integridad, con códigos de conducta que sean adoptados por convicción, y no sólo por formalidad. La responsabilidad social de las 500 empresas más grandes es elevar el estándar de integridad corporativa. ¿Para qué? Para que puedan capitalizar su reputación, para que los proveedores y clientes hagan lo mismo y para alinear los incentivos del gobierno y el sector privado y que todos los corruptos sepan que serán objeto de escrutinio.

Si hay escándalos de corrupción, éstos tienen que ir acompañados de sanciones. Las empresas tienen que hablar de fraude, de soborno, de tráfico de influencias. Las 500 empresas más grandes del país deben ser un verdadero ejemplo a seguir, y sus políticas anticorrupción no son un trámite, sino un compromiso que tienen que cumplir cada día.

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