El negocio de la anticorrupción crece en México

Por Edgar Sigler y Sheila Sánchez

Los despachos con áreas especializadas en el cumplimiento de las normas de transparencia y anticorrupción crecen en el mercado mexicano, derivado del asentamiento de más multinacionales en el país. Estas firmas temen que presuntos casos de corrupción en México les acabe salpicando con castigos impuestos desde sus países de origen.

“Hace ocho o 10 años, advertimos que había una tendencia en las empresas a fijarse más en la parte de compliance. Esto tiene su origen en los países como Estados Unidos o Reino Unido, que fortalecieron sus políticas para la persecución de este tipo de delitos a nivel mundial”, comenta Reynaldo Vizcarra, socio de la firma de Baker McKenzie, que cuenta con más de 78 oficinas en el mundo. Incluso, el uso del anglicismo compliance para referirse a esta práctica muestra de qué parte viene la presión.

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Pero esto ya está cambiando, lo que beneficia a los principales despachos especializados en el país, como Jones Day, Greenberg Traurig, Sánchez DeVanny Eseverri, Von Wobeser y Sierra, Baker McKenzie, White & Case, y Bello, Gallardo, Bonequi y García.

“Hace tres o cuatro años, este tema era exclusivo de las empresas extranjeras, para cumplir con las legislaciones de sus países de origen. Ahora es más común que compañías 100% mexicanas sepan del tema, se involucren y se preocupen, porque ven un valor en hacerlo”, dice Hugo López Coll, socio de Greenberg Traurig.

Según los expertos consultados, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en 2016, sentó las bases legales que pueden permitir –al menos, en el papel– detectar y castigar actos de corrupción con mayor fuerza.

“Muchas empresas nos han buscado para cumplir las obligaciones que marca la ley federal de responsabilidades administrativas, como contar con un código de conductas, un manual de procedimientos y sistemas de control y vigilancia. Hemos elaborado este tipo de documentos para algunas empresas”, comenta Ismael Reyes Retana, socio de White & Case.

Al apegarse a un programa de cumplimento, las empresas están “aseguradas” ante una investigación, por lo que se trata de una inversión a largo plazo que aumenta su valor y su reputación, señala Luis Rubio socio ejecutivo de Holland & Knight México. “En los últimos cinco años se ha triplicado el número de empresas que están conscientes y desarrollando sus propios programas de compliance”, agrega.

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Una inercia corruptora

Uno de los retos pendientes para las compañías mexicanas es que tienen que luchar contra décadas de malas prácticas que ya están consideradas normales, como muestra el lema de que ‘el que no transa no avanza’, explica Guillermo Larrea, socio de la firma Jones Day. “Mucho de esto sucede porque era una cuestión, no digo cultural, sino de malos hábitos”, dice.

Por ello, los consultores en compliance enfocan parte de su trabajo a enseñar a las firmas que pueden competir por contratos del gobierno sin la necesidad de caer en pagos ilegales o licitaciones ‘a modo’.

Sin embargo, según Larrea, la mayoría de las empresas todavía no se acercan a los despachos para mejorar su prevención de malas prácticas, sino después de verse involucradas en posibles actos de corrupción.

Los expertos coinciden en que, a pesar del mayor interés de las empresas por los temas de compliance, este compromiso apenas da sus primeros pasos en el país. De acuerdo con el documento ‘Fraude y Corrupción’, un análisis de su impacto en las organizaciones de la consultora PwC, la tasa general de delitos económicos en México creció de un 37% en 2016 a un 58% este año.

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“Definitivamente, es un aumento dramático, (...) considerando que una gran mayoría de las organizaciones en México (87%) cuenta con programas formales de cumplimiento, y que el 41% de éstas ha incrementado su inversión en prevención en los últimos dos años”, detalla el documento. Todavía existen industrias, como la construcción, que dependen mucho de las contrataciones públicas, y que por muchos años han estado expuestas a prácticas poco transparentes, lo que dificulta cambiar de la noche a la mañana.

Para frenar esta inercia, los abogados recomiendan a las compañías que tengan vías de comunicación anónimas para que los empleados con contacto directo con el gobierno puedan denunciar malas prácticas en su área. “Cuando platicas con la gente que cometió este tipo de actos con gobierno, y le preguntas por qué hiciste esto, su respuesta es ‘porque mi jefe me lo pidió”, dice López Coll, de la firma Greenberg Traurig.

Los expertos son optimistas en que esta tendencia cambiará en los próximos años. La próxima administración que liderará Andrés Manuel López Obrador hizo del fin a la corrupción su estandarte para ganar la presidencia, y los despachos especializados esperan que cristalice en políticas que permitan crear una cultura propia –y no impuesta desde el extranjero– por la transparencia en México.

En el fondo, los abogados recuerdan que la transparencia permite crear un ambiente de competencia con políticas claras, sin atajos ni favores, que castiga a los que ‘juegan sucio’, y que, por todo ello, finalmente es buena para el negocio.