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La CFE pide arbitraje para anular cláusulas del contrato del gasoducto de Carso

La empresa estatal pide la nulidad de ciertas cláusulas del contrato del gasoducto Samaluya-Sásabe, que se encuentra en construcción. Antes ya solicitó el mismo proceso con iEnova.

jue 27 junio 2019 09:15 AM

gas — Mejores condiciones. La CFE pidió con un arbitraje eliminar algunas cláusulas del contrato con Carso Gasoducto Norte, empresa de Carlos Slim. (Rodolfo Angulo)

Expansión

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) envió a Carso Gasoducto Norte (CGN) una solicitud de inicio de arbitraje en la que demanda la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de prestación de servicio de transporte de gas natural a través del gasoducto que cubre el trayecto Samaluya-Sásabe, en los estados de Chihuahua y Sonora.

El contrato, que fue firmado el 23 de septiembre de 2015, es por hasta por una cantidad de 472 millones de pies cúbicos diarios, por un período de 25 años. Actualmente, se encuentra en proceso de construcción.

Este gasoducto forma parte del paquete de siete que contra los que el gobierno federal abrió un frente a principios de año. Manuel Barlett, director general de la CFE, calificó las condiciones de estos contratos, realizados durante la administración anterior, como "leoninos" y, desde entonces, el organismo ha tratado de renegociar las condiciones, con el argumento de que ya costaron 5,800 millones de pesos (mdp) y aún no están en operación.

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CGN, subsidiaria indirecta de Grupo Carso, es decir, una empresa de Carlos Slim, informó mediante un comunicado a la bolsa de valores que analiza el contenido de la solicitud de arbitraje recibida y su fundamento legal. Y añade que la firma del contrato se dio “tras haber presentado la mejor opción técnica y económica para la CFE, de acuerdo con la licitación pública”.

Las cláusulas que cuestan millones de pesos a la CFE

La CFE también ha solicitado arbitraje para anular cláusulas de los contratos con iEnova y Transcanadá, empresas responsables del gasoducto marino Texas-Tuxpan.

La administración federal abrió este frente contra los contratos para la construcción de gasoductos realizados durante el gobierno anterior, y que no han podido comenzar su operación debido a que no se ha terminado su desarrollo.