El impuesto a los refrescos y al tabaco que propone el gobierno en el paquete económico 2020 está poniendo nerviosa a la industria refresquera y a las empresas tabacaleras, que piden abrir un diálogo para aplazar esta medida o discutir si, en efecto, funcionará para mejorar la salud pública.
“Para empresas como Philip Morris México, resulta complicado hacer una planeación ordenada que contemple inversión y crecimiento en un contexto de alzas impositivas cercanas al 40% de un año para el otro”, dice Andrzej Dabrowski, el presidente de Philip Morris México.
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El directivo señala que, actualmente, más de 65% de los ingresos de esta compañía, dueña de las marcas de cigarrillos Marlboro y Benson & Hedges, se traducen en impuestos.
“Por esta razón, consideramos que solo a través de un diálogo abierto y construcción coordinada es posible trazar metas conjuntas que, entre otras cosas, consideren los incentivos perversos para el crecimiento del comercio ilegal, como el contrabando y como la proliferación de marcas de segmento ultra bajo, que podrían no estar pagando los impuestos correspondientes e incumpliendo las obligaciones relativas a la vigilancia sanitaria”, añade Dabrowski, quién le tomó por sorpresa esta noticia.
De acuerdo con el directivo, este aumento abrupto en los impuestos traerá consecuencias negativas, como en 2011, cuando el comercio ilegal subió en dos años del 2% al 17%. Hoy este problema persiste y representa el 8.8% del consumo total de cigarros, equivalente a 3,000 millones de pesos. Además, Dabrowski alega que sigue en aumento un mercado de marcas de segmento ultra bajo, que incumplen con la regulación a los productos de tabaco.
En la propuesta del paquete económico entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, se propone que a partir del siguiente año el impuesto por cada cigarro aumente de 35 a 50 centavos.
La propuesta señala que, ya que el impuesto no se actualiza año con año, este va perdiendo su valor por los efectos de la inflación, haciendo que tenga un menor efecto, además de que, en México, el tabaquismo representa uno de los mayores problemas en materia de salud pública.
Mientras tanto, la Industria Mexicana de Bebidas (ANPRAC) que representa a 120 embotelladores en el país, expresó que “sabe escuchar y colaborar”, por lo que coincide y apoya la iniciativa del gobierno en la implementación de programas de dimensión social para apoyar a las familias más pobres y la necesidad de captación de recursos públicos. Sin embargo, sugiere seguir evaluando y dialogando para encontrar soluciones integrales que ayuden en un "problema complejo y multifactorial" como lo es el sobrepeso y obesidad.
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“Después de cinco años de múltiples análisis, de escucha a académicos expertos, de seguimiento a datos oficiales del Inegi y la Secretaria de Hacienda, pero sobre todo de observar y entender a los mexicanos, es claro y evidente que este impuesto es un impuesto a los pobres, pues según estudios presentados por reconocidas instituciones académicas, el 57% de lo recaudado lo han pagado los mexicanos con menos recursos”, detalla la Anprac.
En 2014, se implementó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas de 1 peso por litro y se planteó la actualización de la cuota conforme a inflación cuando se acumulara 10%. En línea con la ley establecida, en enero 2018, se actualizó la cuota en un 17%, por lo que hoy en día se paga 1.17 pesos por litro de bebida saborizada.
En este Paquete Económico 2020 se plantea que la cuota del IEPS a bebidas saborizadas cambie su mecánica de actualización por inflación a forma anual y se exprese hasta el diezmilésimo. En ese sentido, con base en una estimación de inflación del 3.6% para el 2019, se propone que a partir del 1 de enero de 2020 la cuota aplicable sea de 1.2705 por litro.
Las bebidas saborizadas tienen una doble tributación ya que además de pagar la cuota del IEPS, pagan también el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), sumando así una carga tributaria aproximada del 30%.
“El impuesto ha sido ineficaz, pues no ha cumplido con su objetivo de cambiar hábitos ni de disminuir el consumo. Vale la pena enfatizar que, hasta ahora, no se tiene claridad de cuál ha sido el destino de los recursos recaudados gracias a esta medida impositiva.
Según el Inegi, 58% de los mexicanos no realizan actividad física sumado a que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el promedio diario de ingesta calórica de los mexicanos es de más de 3,000 calorías por persona, 50% más de la recomendación de la OMS. La ANPRAC arguementa que los refrescos representan solo entre 5% y 6% de las calorías totales.
En los últimos cinco años, en línea con el IEPS, las empresas de refrescos han invertido millones de pesos para la investigación y reformulación de sus productos, entre ellos Coca-Cola Company, así como sus embotelladoras Arca Continental y Coca-Cola Femsa, y PepsiCo. “Es por ello que hoy uno de cada dos productos de nuestro portafolio son bajos y/o sin calorías. El compromiso de la industria es tal, que pueden encontrar productos con hasta 50% menos calorías que hace seis años”, puntualizó la ANPRAC.
Las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, donde están contenidas ambas actualizaciones, deben pasar por un proceso de discusión y eventual aprobación en el Congreso de la Unión. Los activistas advirtieron que estarán atentos a la interferencia de las industrias tabacalera y refresquera, especialmente por la presión que pondrán sobre los legisladores. Ambos no descartaron denunciar a aquéllos legisladores que sobrepongan los intereses económicos de unos cuantos sobre la salud pública de millones de mexicanos.
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