Seguramente, en más de una ocasión te has preocupado por conocer cuántas calorías contiene tu bolsa de papitas, galletas, chocolates o tu lata de refresco o jugo. Sin embargo, ¿cuántas veces has desistido debido a que no quedan claros los porcentajes de sodio, azúcar o grasas que consumes por porciones señalados en las envolturas o envases?
Para la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la confusión deriva de que el etiquetado de los productos no es claro. Por eso, aprobó el 24 de julio una reforma a la Ley General de Salud–de manera muy general— para obligar a las empresas de alimentos y bebidas a incluir un etiquetado frontal más informativo en el que adviertan del alto contenido de sodio, azucares y grasas en los productos que sean factor de riesgo para la salud de sus consumidores.
Un cambio al que las empresas han mostrado resistencia, porque implica un mayor costo, ya que tendrían que reformular sus productos con al menos un año de anticipación para cambiar sus etiquetados.
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“Hay una tendencia a no moverse, a no reformular porque implica inversiones. En México somos de los mayores consumidores de estos alimentos y de estas bebidas conocida comida ‘chatarra’ y bebidas azucaradas o refrescos y las ganancias son enormes", explica Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. "Pero no quieren destinar parte de sus ganancias a reformular y hay una pretensión de dejar un etiquetado que no sea comprensible, como el que tenemos actualmente, que fue diseñado y promovido por la industria”.
Una de las principales causas para promover el cambio en el etiquetado es que 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, enfermedad que se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer, de acuerdo con datos del gobierno de México.
Calvillo señala que el cambio aprobado en julio no dice como sería ni con qué niveles de estos ingredientes aplicaría. "Eso viene en la Norma 051 sobre etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, que también se está revisando de manera paralela para discutir cambios”, comenta. Ambas iniciativas tienen como objetivo que los consumidores tomen mejores decisiones basado en un etiquetado más claro como lo han hecho recientemente en Chile, y desde hace algunos años en Perú y Uruguay.
Otro de los costos que tendrían que adoptar las empresas del sector sería el del cambio del etiquetado como tal, que podría tomar hasta dos años, según el tamaño de la empresa y de su portafolio. “La industria anticipa un efecto o un impacto importante porque, al final del día, cambiar los etiquetados no es algo que se pueda hacer de un día a otro desde un punto de vista operativo. Y conlleva costos muy importantes. En ese sentido lo que pelean en el momento para esta ley y el cambio en la Norma 051 es que se tomen en cuenta los plazos razonables para poder implementar los nuevos etiquetados”, afirma Ernesto Algaba Reyes, de la firma legal Hogan Lovells.
Entre los sectores de la industria que han mostrado su preocupación se encuentra el lácteo, señala Reyes. “Si bien están de acuerdo, comentan que eventualmente si no se adoptan de manera adecuada se puede llegar a satanizar los productos. Uso la palabra porque ellos la usan y, lejos de informarlo, el consumidor pueda percibir que el producto puede ser nocivo para la salud”, agrega el especialista.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche comenta que, cómo aún no existe nada aprobado porque falta su visto bueno en el Pleno y en el Senado, aún no pueden adelantarse a analizar posibles inversiones en reformulaciones o escenarios positivos o negativos.
Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) no está de acuerdo con la promoción de un etiquetado que provoque “miedo o amenaza, pues reduce tu poder de decisión” y argumentan no hay datos que comprueben su beneficio.
“Hasta el momento no se ha demostrado en ningún país que el etiquetado sea efectivo para detener o revertir la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Cualquier etiquetado requiere de una campaña educativa enfocada en decisiones informadas, con el apoyo de todos los sectores involucrados”, señala la Anprac a través de una postura enviada a Expansión por escrito.
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Sin embargo, en Chile, de acuerdo con el senador Guido Girardi, autor de la Ley de Etiquetado en el país sudamericano, las empresas han comenzando a bajar sus niveles de azúcar, sodio y grasas y, a cambio, han tenido una mejor respuesta, incluso para sus ventas, por parte de los consumidores.
“En Chile hemos tenido un impacto muy importante con la disminución del 25% en la compra de bebidas gaseosas dulces, una disminución del 20% del consumo en cereales con azúcar y una reformulación del 20% en productos en los que han bajado los contenidos de azúcar”, detalla Gerardi, reconocido recientemente con el Premio Jaques Diouf de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
El etiquetado en Chile señala si un producto es "alto en azúcares", "alto en sodio" o "alto en grasas" y se identifican con un sello azul con el que los niños a partir de seis años pueden entender con claridad el contenido calórico de cada uno de los productos. Además, estos no pueden publicar comerciales en televisión, ni ganchos comerciales o venta de sus productos en los colegios o ventas publicas al Estado.
Debido a estas medidas, las compañías han logrado, incluso, aumentar su ventas. “Por ejemplo, Coca-Cola ha dicho públicamente que ha aumentado sus ventas de bebidas sin azúcar y las empresas lácteas también”, añade el senador chileno.
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En los últimos años, Coca-Cola Company a nivel global y en México, así como PepsiCo o Unilever, entre otras, han disminuido el contenido calórico en sus alimentos y bebida, aunque en muchas ocasiones no comparten qué porcentaje de sus inversiones corresponden a estos productos. Lo anterior ha sido impulsado, principalmente, por un boom a nivel global por el consumo de productos más saludables y por el Impuesto Especial de Producción de Servicios (IEPS) que en 2014 impuso el gobierno.
Por ello, los expertos advierten que puede resultar una oportunidad para la industria. “Estas favoreciendo la producción de alimentos más saludables y van a tener la oportunidad de que sus productos se puedan distinguir más, se refuerza esa tendencia”, agrega Calvillo.
A pesar de que la ley aún necesita pasar al senado para su aprobación, Ernesto Reyes asegura que la propuesta es inminente y que su aprobación es casi un hecho en el corto plazo, por lo que las compañías deben de tomar medidas.
“Lo que es importante es que las empresas estén cercanas a su respectivas cámaras y que éstas hagan esfuerzos conjuntos para intervenir y participar de la mejor manera posible en los trabajos de la modificación a la norma, para estar informados en tiempo y forma del desarrollo de las actividades. Les dará una mejor perspectiva en tiempos”, concluye.
