Airbus anunció este martes un principio de acuerdo con las autoridades judiciales británicas, francesas y estadounidenses para evitar procesos judiciales en relación a las investigaciones que se seguían contra la compañía por sospechas de sobornos y corrupción.
Airbus llega a un acuerdo para evitar procesos judiciales por corrupción
El caso ya llevó a cambiar la cúpula de Airbus y pone en dificultados al grupo de 134,000 empleados, que representa una contribución importante para comercio exterior de Francia y Alemania.
"Airbus confirma que llegó a un acuerdo de principio con la fiscalía nacional financiera francesa, la oficina británica contra el fraude (Serious Fraud Office) y con Estados Unidos", dijo el grupo en un comunicado.
"Estos acuerdos se firmaron dentro de las investigaciones sobre las acusaciones de corrupción y según las reglas estadounidenses sobre el comercio de armas (ITAR)", reza el texto, sin dar más detalles sobre el aspecto financiero de estos acuerdos.
El Financial Times, que cita a analistas, dijo el lunes que el fabricante de aviones europeo podría desembolsar más de 3,000 millones de euros para poner fin a los litigios.
El monto, si se confirmara, corresponde al beneficio neto en 2018 de la compañía. Airbus presentará sus resultados anuales el 13 de febrero en Toulouse, Francia.
¿De qué acusan a la empresa?
Todo este asunto se remonta a 2014 y se refiere a una serie de omisiones y de inexactitudes sobre la identificación y el papel de algunos intermediarios que intervinieron a cuenta de Airbus para conseguir contratos civiles y militares.
El caso empezó en 2016 cuando el presidente de entonces, Tom Enders, denunció él mismo irregularidades. La decisión de denunciarse antes las autoridades judiciales fue aprobada por el comité ejecutivo y el consejo de administración del grupo.
El objetivo era evitar procesos judiciales, en particular en Estados Unidos.
Los servicios de Airbus detectaron "inexactitudes y omisiones" en la información transmitida a las agencias de seguros que garantizan algunos contratos de importación, indicó Airbus en su informe financiero de 2018.
El fondo de la cuestión es que, al recibir créditos a la exportación de agencias gubernamentales en Europa, la aeronáutica estaba obligada a mencionar a los intermediarios implicados en sus contratos y si no lo hacía se exponía a procedimientos penales.
Airbus decidió suspender la utilización de esos consultores y puso en marcha una operación de transparencia para buscar una salida negociada con las autoridades de los países para evitar una condena.
En paralelo la justicia estadounidense sospecha que Airbus no obtuvo las autorizaciones necesarias para exportar armamento con componentes estadounidenses.
Los acuerdo alcanzados con Airbus "siguen estando sometidos a la aprobación de los tribunales franceses y británicos y por el tribunal y el regulador estadounidense", dijo la compañía.
En Francia el proceso que permite negociar un multa sin ir a un juicio suele conducir a la llamada convención judicial de interés público (CJIP), que su utilizó por primera vez en 2017 con el banco HSBC.
Esta estrategia fue utilizada por el fabricante de motores británico Rolls-Royce, que en 2017 fue condenado a una multa de 763 millones de euros por las autoridades británicas y brasileñas para resolver un caso de corrupción en el extranjero tras haber denunciado él mismo los hechos al SFO en 2012.
Con información de EFE y AFP