Sin los productos financieros y medidas de alivio correctas, alrededor de 2,500 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) están en riesgo de recortar personal e incluso desaparecer por el cese de labores derivado del Covid-19, advierte la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC, explica que de las 12,000 empresas representadas por la cámara, alrededor de 96% son mipymes, de las cuales un 20% se haya en una situación vulnerable que podría conducir a una quiebra, mientras que el sector en general podría perder hasta medio millón de empleos.
“En 15 días podemos perder hasta 500,000 empleos. Nosotros empleamos a 6.1 millones de personas durante el año, entre puestos permanentes y eventuales; no todos duran trabajando todo el año, algunos están empleados tres meses, por ejemplo, por eso el riesgo de que se deje de generar ese 10%”, explica en entrevista.
La industria constructora viene de un año de caída, que en 2019 fue de -6.9%, e inició 2020 con contracciones de 8.6% y de 9.1% en enero y febrero, respectivamente, lo que hace a los negocios del ramo poco atractivos como sujetos de crédito para la banca privada, lo que supone un problema ya que los préstamos del gobierno anunciados para las mipymes son de apenas 25,000 pesos, que alcanzarían a cubrir muy pocas de sus necesidades.
“No hay productos financieros para estas micro, pequeñas y medianas empresas, porque lo que ofrece el gobierno son créditos para changarros, para el sector informal. Esos 25,000 pesos no van a servir”, advirtió Ramírez Leal.
El representante de la industria considera que los financiamientos requeridos podrían ir de acuerdo con el nivel de facturación de cada segmento. Mientras que una microempresa factura alrededor de 4 millones de pesos (mdp) anualmente, las pequeñas perciben hasta 50 mdp, y las medianas alrededor de 150mdp.
De ahí que, para reactivar al sector, el presidente de la CMIC considera necesarias condiciones de oportunidad en obra pública y privada para las empresas, así como un programa de inversión en infraestructura, en lo que ya se tienen algunos avances, como la continuidad de las licitaciones de obras públicas, que da la posibilidad a los negocios de tener actividades una vez que la epidemia pase.
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Sin embargo, en algunas entidades la obra pública está completamente detenida, y esto podría deteriorar las posibilidades de recuperación de las compañías.
“El problema más fuerte apenas viene. Ahorita se trabaja en obra pública, pero en Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur y Sonora está suspendida totalmente, en el resto del país no, pero no por rebeldía, sino porque algunos gobiernos han reconocido nuestros protocolos de contención en las obras, como Puebla”.
