El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, falló a favor del Estado mexicano en el caso iniciado en 2016 por la empresa Tele-Fácil en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por impedirle ofrecer los servicios de cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable) en el mercado nacional.
Tele-Fácil pierde demanda contra el gobierno de México
La empresa estadounidense además deberá pagar una indemnización de dos millones de dólares por el concepto de gastos incurridos en el arbitraje.
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El tribunal demostró que las acusaciones de la compañía, que incluía una indemnización mayor a 472 millones de dólares por daños derivados de infracciones al Tratado de Libre Comercio (TLC), no constituyeron una expropiación ni la violación del instituto al trato justo a inversionistas extranjeros, según informó el IFT en un comunicado de prensa.
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Joshua Dean Nelson y Jorge Luis Blanco, propietarios de la compañía Tele-Fácil, iniciaron en 2016 un arbitraje contra el Estado mexicano al señalar que algunas medidas emitidas por el IFT destruyeron su inversión en el país.
A pesar de que la empresa obtuvo en 2013 una concesión que le permitía ofrecer servicios de telecomunicaciones en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y en el municipio de Zapopan, Jalisco, no logró hacerlo porque no pudo interconectarse a la red de Telmex.
Los empresarios aseguraron en su denuncia de hace casi cuatro años que Tele-Fácil fue marginado del mercado por presiones de la compañía de Carlos Slim, debido a que no recibieron ayuda del IFT después de que Telmex incumpliera el acuerdo en el que se establecía la eliminación de los costos por portabilidad y la interconexión que implicaba.
El CIADI, además, solicitó a la compañía estadounidense a pagar dos millones de dólares al gobierno de México por el concepto de gastos incurridos en el arbitraje.
“El resultado de este arbitraje representa un gran logro para el Estado mexicano, cuya defensa legal estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)", se lee en el comunicado de prensa.
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