Desde que el primero de julio pasado entró en vigor el T-MEC no se han presentado controversias laborales en materia de contratación colectiva y libertad sindical, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La iniciativa privada y el gobierno mexicano justo buscan evitar que las empresas sean demandadas y sancionadas mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que incluye el tratado.
Las empresas y el gobierno se unen para evitar sanciones laborales por el T-MEC
Desde la entrada en vigor del tratado comercial, todavía no se han registrado denuncias por violación a derechos de los trabajadores. Por si acaso, las compañías buscan herramientas para prevenirlas.
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Si una empresa tiene una queja por este rubro, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá podrían establecer sanciones arancelarias o de libre tránsito de mercancías o servicios particulares. Por ello se ha trabajado en mesas de dialogo y herramientas que permitan una correcta actuación ante estas controversias, incluso con el propósito de evitarlas.
"En los primeros 40 días, luego de que recibamos una eventual queja, tenemos que elaborar un expediente para dar respuesta, identificar si hay denegación de derechos y, en caso de que la haya, sugerir un curso de reparación que satisfaga a ambas partes. Es muy importante el diálogo con el sector privado para generar un expediente robusto que inhiba las siguientes etapas, como la instalación de un panel arbitral o la visita de panelistas a centros de trabajo", comentó Alejandro Encinas, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la STPS, en conferencia de prensa.
Una de las acciones de prevención Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es la herramienta de autodiagnóstico donde las empresas de todo tamaño pueden evaluar si cumplen con el respeto a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva establecidos en el capítulo 23 del T-MEC y, con ello, evitar que sean demandadas.
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"Se elaboró esta herramienta que contiene un cuestionario para que las empresas puedan autoevaluarse y verificar que en su operación se respetan los derechos de trabajadores, que permitirá corroborar que también se cumple con la reforma laboral mexicana que ya entró en vigor", comentó Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La titular de la STPS, María Luisa Alcalde, recordó que la primera etapa de la reforma en materia laboral comenzará en noviembre, con el inicio de operaciones de centros de conciliación local, tribunales laborales locales y federales, y las oficinas de registro del centro federal de conciliación y registro laboral en ocho estados.
"Todo lo registral se verá implementado el primero de mayo del siguiente año y así avanzar para concluir en mayo de 2022 con todo el modelo laboral en el país. El andamiaje institucional será garantía de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva con procesos más transparentes y eficientes, como verificación de inspecciones sindicales y consultas para probar los contenidos de los contratos colectivos", abundó.
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