Ayer miércoles se dio a conocer que la empresa española Iberdrola no realizará más inversiones en el país hasta que el gobierno mexicano les ofrezca un marco razonable y dé la bienvenida a las inversiones privadas.
Esta mañana, el presidente López Obrador se refirió a la empresa como una de las que "sacaron provecho" durante gobiernos anteriores, específicamente en el sexenio del presidente Felipe Calderón: “Hay un cambio de política, eso en el caso de los que le sacaban provecho, como Iberdrola, una empresa española que empezaba a construir plantas de generación de energía con contratos muy jugosos otorgados por los funcionarios del gobierno".
El presidente criticó un supuesto arreglo que existía entre las compañías privadas y funcionarios de anteriores administraciones. Como ejemplo mencionó la incorporación en 2013 de Georgina Kessel, secretaria de Energía durante el último sexenio panista, como consejera de Iberdrola, y el nombramiento en julio de 2016 del ex presidente Calderón como miembro independiente del consejo de administración de la estadounidense Avangrid, una filial de la compañía antes mencionada.
A inicios del año pasado, Ignacio Sánchez Galán, presidente de la española, anunció que la compañía invertiría 5,000 millones de dólares de 2019 a 2024, después de una serie de pláticas llevadas a cabo entre la empresa y Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia y el asesor principal de AMLO, en lo que relacionado con el sector empresarial.
En julio del año pasado, y como parte de dicha inversión, la española anunció la construcción de tres plantas: una de ciclo combinado en Tuxpan Veracruz, una de cogeneración en San Juan del Río y un parque fotovoltaico en Puebla.
Sánchez Galán fue el mismo que ayer, en una conferencia con analistas, aseveró que si el gobierno actual no garantiza certidumbre, no realizarán más inversiones.
La relación entre el actual gobierno federal y las empresas privadas del sector energético ha estado marcada por desencuentros debido a una serie de medidas impulsadas desde la Secretaría de Energía para frenar la entrada de nuevos participantes al mercado que hasta antes de la reforma energética era exclusivo de Pemex y CFE.
Entre otras, la administración ha cancelado las subastas eléctricas –uno de los principales mecanismos para la participación privada en la generación de energía–, decidió aumentar hasta en 800% las tarifas de porteo que las centrales legadas pagan a la CFE y el presidente ha pedido que no se otorguen más permisos y concesiones al sector privado para que las empresas estatales no pierdan más participación de mercado.
