Outsourcing: ¿A quién perjudica la propuesta de López Obrador?

De acuerdo con datos de la AMECH, de enero a agosto del 2020, los 28 grupos empresariales incorporados a la asociación han generado un promedio mensual de 158,750 empleos formales. Han aportado casi 2,200 millones de pesos en cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y casi mil millones en cuotas al Infonavit.

La iniciativa del ejecutivo federal deja abierta la puerta para que las empresas contraten servicios muy especializados y ajenos al objeto social de la compañía contratante. También a que las empresas de reclutamiento sólo se encarguen de la selección de personal. No más.

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Kair Vela, socio fundador de Vela y Asociados, explica que por eso las empresas de outsourcing que operan de forma legal pero que tengan un portafolio amplio de servicios resultarían afectadas.

“Perderían alrededor del 70% de sus ganancias porque ya sólo serían agencias de colocación. No podrán asumirse como patrones. Y sólo podrán encargarse de la administración laboral o maquila de nómina de trabajadores insertos en giros muy especializados. Y en ese caso, la autoridad laboral debe aprobar la subcontratación y otorgar la renovación cada tres años”, detalla el abogado laboral.

¿Qué pasa con los trabajadores que están contratados bajo este esquema? Los expertos consultados aseguran que también para ellos habría una afectación. En el país hay más de 4 millones de empleos subcontratados en distintas modalidades, según cifras del Inegi. De aprobarse la iniciativa, en automático los trabajadores tendrían que pasar a la nómina de la empresa donde prestan sus servicios. Pero no todas las organizaciones tienen los recursos e infraestructura para hacerlo.

“Estimamos una pérdida de más de 2 millones de empleos como consecuencia de esta reforma, pues no es costeable para las empresas que hoy tienen contrataciones bajo la figura de subcontratación legal”, indica Bustamante.

Para los entrevistados, sí es necesario acabar con la evasión de impuestos, con la simulación de pagos, con malas prácticas que perjudican al trabajador y otros actos ilícitos relacionados con la figura de subcontratación. Para hacerlo, sin que afecte a las empresas legales, proponen tres medidas:

Registro ante la STPS
Que las empresas que ofrecen el servicio de subcontratación laboral estén registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que estén legalmente constituidas con solvencia económica y moral y que acrediten haber trabajado de manera regular en los últimos años. No contar con antecedentes ni sanciones.

Coordinación gubernamental
Que las inspecciones sean más recurrentes y haya auditorías permanentes. Y si ya se tienen ubicadas a empresas ilegales, las secretarías deben dar seguimiento y aplicar sanciones más fuertes. En este punto los entrevistados aplauden que la evasión o simulación se eleve a delito de defraudación fiscal.

Mayor flexibilidad
Sin tanta especialización. Que la prestación del servicio de subcontratación sea de una actividad que el contratante no presta. Por ejemplo, si una empresa vende ropa, puede contratar contadores, seguridad privada, limpieza, capacitación... pero no maquiladores de forma externa porque ese es tu objeto social.