Y ahora la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –aprobada la madrugada de este miércoles por la Cámara de Diputados– se convierte en una nueva amenaza a las inversiones locales y extranjeras en lo que antes era “un robusto mercado”, dicen los organismos en un documento conjunto.
“Este crítico cambio de política relega aún más el suministro de energía renovable al asiento trasero en México, superando los progresos realizados en su transición energética durante la última década y revirtiendo la tendencia de 2015 hacia la liberación del mercado”, se lee en el documento publicado esta tarde.
Y es que la reforma a la ley aprobada hace unas horas relega a las energías renovables a uno de los peldaños finales en la cadena de distribución eléctrica.
El principal cambio en la ley, que deberá ser aprobado por el Senado dentro de los próximos 30 días, consiste en modificar el orden en que se utiliza la electricidad generada por las centrales eléctricas.
En primer lugar deberá de subirse a la red la energía producida por las hidroeléctricas y las plantas generadoras de la estatal CFE, que en su mayoría funcionan a base de combustibles fósiles, incluso algunas con carbón y combustóleo. Para así dejar al final de la fila a las plantas renovables y de ciclo combinado de los participantes privados del mercado.
”Dar prioridad de despacho a las centrales propiedad de la estatal CFE –que funcionan con combustibles fósiles y grandes centrales hidroeléctricas que generan energía con costos mucho más altos y emisiones de carbono- socava el principio de competencia leal y pone en riesgo los compromisos climáticos y de inversión que tiene México”, dicen los organismos.
Hasta ahora la energía que se utiliza en primer lugar es la producida por las centrales solares y eólicas debido a su bajo costo de generación. Pero esto, argumenta la estatal CFE, ha tenido como consecuencia un desuso de sus centrales eléctricas y ha traído pérdidas financieras a la compañía.
El llamado de los organismos se une al de otros organizaciones como Greenpeace que aseguran que todos los cambios al mercado eléctrico puestos en marcha durante este gobierno llevarán a México de nuevo hacia un mercado en el que se privilegia a los combustibles fósiles, en pro de fortalecer a las dos compañías estatales, CFE y Pemex.
Hasta ahora son las organizaciones ambientalistas las que han logrado detener en los juzgados la mayoría de las políticas energéticas de la llamada Cuarta Transformación y los participantes del sector aseguran que la nueva reforma a la ley de la industria eléctrica traerá consigo una nueva ola de amparos.
