“Nuestro papel como asociación no es señalar a las empresas ilegales de outsourcing. Pero un consorcio de esta magnitud no llega a donde está en un solo año. Estamos contentos porque el gobierno avance en el combate a la evasión fiscal, bajo la figura de la subcontratación. No todo es una crítica al gobierno, ¡qué bueno que lo hizo (la orden de aprehensión contra Beyruti), incluso sin la reforma laboral!”, dice Héctor Márquez Pitol, presidente de la AMECH.
Hasta ahora, Walmart, Ford y Softek, empresas que tenían los servicios de subcontratación ofrecidos por el grupo, cancelaron sus contratos. Al respecto, Márquez aconseja que los colaboradores sean cambiados de razón social, sin que pierdan su antigüedad.
Que se combatan las malas prácticas que giran en torno al outsourcing es uno de los pilares fundamentales en la propuesta de reforma a la subcontratación, presentada por la asociación a la Secretaría del Trabajo, a principios de febrero de este año. Márquez reitera que están de acuerdo con que la autoridad investigue casos grandes como GINGroup, pero también hace falta poner atención a las empresas pequeñas.
Por separado, Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de la firma de abogados De la Vega y Martínez Rojas, menciona que, por años, las autoridades no auditaron a este tipo de empresas, que también tienen contratos sin que existan los trabajadores. O trabajadores registrados en cooperativas, sociedades, sindicatos, honorarios profesionales o agentes de comercio, esquemas que se prestan a la defraudación fiscal.
Según los especialistas consultados, una de las modalidades más comunes del outsourcing ilegal es que una empresa registre a sus colaboradores con uno o dos salarios mínimos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, en la práctica reciben un salario mayor al mes. Y eso no depende del tamaño de la compañía, aunque sea más visible en grupos grandes como GINGroup.
La actual administración ha iniciado una lucha para regular la figura en el país. Incluso, el ejecutivo propuso eliminar la subcontratación, con tal de evitar la evasión de impuestos, y sancionar a las compañías que han hecho “su mina de oro”, a través del uso ilegal de la subcontratación. Las empresas, por su parte, han hecho énfasis en que lo que hace falta es eliminar las prácticas fraudulentas.
En diciembre pasado, la AMECH hizo una encuesta entre sus asociados y clientes para saber qué harán en caso de que desaparezca la figura del outsourcing. El 30% dijo que sí darían empleo de base a sus colaboradores, pero sin aumento de sueldo, solo cambiarían de razón social.
El 60% estima contratar bajo el título de profesionales independientes, es decir, sin seguridad social. Al haber 4.6 millones de trabajadores por outsourcing, Márquez advierte que al menos se perderían 460,000 empleos porque no todas las empresas cuentan con el flujo de caja o infraestructura para absorber esas contrataciones.
La reforma a la subcontratación aún no está definida. La detención de Beyruti ha sido un claro mensaje del gobierno, mientras que la negociación de la reforma sigue pendiente, pero en calidad prioritaria.
