De acuerdo con fuentes consultadas por Expansión, entre abogados, consultores y empresarios, los movimientos de adquisición de activos del mercado eléctrico se han acelerado en los últimos meses, en su mayoría liderados por compañías del sector que han encontrado un buen momento de compra al lograr precios mucho menores a los usuales o por fondos de inversión de riesgo.
Estos últimos, conocidos coloquialmente como fondos buitre, basan sus estrategias en la compra de activos en una mala situación económica o en una dinámica de mercado complicada –como la que actualmente atraviesa el sector eléctrico– a un precio por debajo del mercado, para después venderlos en un mediano plazo a un precio mayor, una vez que los activos han sido reestructurados o el entorno económico les permite un mejor desempeño.
“Cual sea el caso (de compradores), porque hay ambos, están encontrando muchos más activos a la venta que compradores y con ello los precios están siendo generalmente bajos”, dice el abogado de una firma que ya tiene entre su portafolio un par de estos movimientos y que ha pedido no ser citado.
Los fondos, dicen los entrevistados, han decidido hacer las compras con base en dos estrategias: esperando un cambio en la política energética que permita la participación de las compañías privadas y regrese el dinamismo al mercado de generación, o apostando a iniciar una estrategia legal que les permita operar como lo hacían antes de los cambios en las reglas o vender a un mejor precio los activos. “Le apuestan a que sea una violación o haya un cambio en ley, tal que puedan recuperar mas dinero por los costos de rompimiento que tenga que pagar el offtaker o el gobierno”, dice otra de las fuentes.
Las últimas modificaciones a las reglas del mercado, especialmente dos, han puesto en duda la rentabilidad futura de muchos proyectos ya en operación o próximos a entrar al mercado: la revisión de los permisos y contratos de autoabasto y de los productores independientes de energía –y una eventual cancelación de los mismos– y el cambio en el orden de despacho de la electricidad, que ahora garantizará la utilización de todas las centrales de la estatal CFE y dejará para el final de la fila a las plantas de generación renovable y de ciclo combinado propiedad de las compañías privadas.