En contraste, en noviembre de 2018, solo unos días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera funciones, la Sener daba registro de 519 autorizaciones vigentes para la compra de gasolina en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, como parte del plan de la anterior administración para quitar la exclusividad a la petrolera nacional en esta mercado estratégico.
En el listado aparecen cerca de 70 compañías privadas que en ese momento estaban facultadas para internar gasolina al país. Algunas empresas como la estadounidense Chevron o la mexicana Enermex, dedicada principalmente al almacenamiento de combustible, ya no aparecen más en el último documento emitido por la dependencia.
Otros grandes comercializadores como Trafigura o Glencore –que tiene como socio a G500- han disminuido el número de autorizaciones que tienen vigentes. La primera pasó de tener ocho a solo dos permisos y la segunda de tres a solo uno, ambos para la importación de gasolina.
El gigante Shell es otro caso similar, pues pasó de tener cuatro permisos a solo uno para esta actividad, con la que la empresa inició en octubre de 2019.
Los analistas del sector explican que la mayoría de los permisos no fueron renovados debido a que las compañías, y no necesariamente las mencionadas, no hicieron uso de las autorizaciones o no demostraron tener la capacidad de almacenamiento necesario para emprender la actividad.
Abogados aseguran que varias compañías, a las que les fue negado un permiso o la renovación del mismo, han iniciado procesos legales por lo que en los próximos meses podríamos ver un incremento en el número de autorizaciones.
“La administración pasada otorgaba permisos con requisitos mínimos y por volúmenes excesivos, que eran prácticamente imposibles de de cumplir. La nueva (administración) fue más rígida y las empresas ya no pudieron demostrar cumplir con todo lo necesario”, dice un jurista del sector que entre sus clientes tiene a algunos importadores de combustibles.
El viernes pasado el presidente aseguró en su conferencia matutina que su administración había dejado solo cerca de 70 permisos vigentes para esta actividad, debido a que muchos de estos no estaban siendo utilizados.
“Poco a poco se han ido cancelando esos permisos porque se entregó a gente que no se dedicaba a ese negocio de la venta de combustibles, no eran empresas del sector energético y ellos mismos dejaron de usar los permisos o se cancelaron por el tiempo. En ningún caso hubo un proceso arbitrario, a nadie se le quitó un contrato”, dijo en Palacio Nacional.
Hasta finales de 2018, la Sener acumulaba 1,072 permisos para la importación de diésel y gasolinas, pero el último listado de la dependencia solo da cuenta de apenas 81 autorizaciones para estas actividades.
Desde 2019 la Secretaría de Energía ya no hace públicos los datos referentes a la participación de las empresas en el mercado. Pero el último dato publicado, de diciembre de ese año, muestra que los participantes privados ya habían quitado a la estatal Pemex el 20% del mercado de compra de gasolinas en el extranjero.
Esta cifra ha aumentado de manera importante. Un año antes, en diciembre de 2018 las empresas privadas apenas importaban el 7% de la gasolina que se consumen en el país. Los analistas del sector estiman que uno de cada tres litros ya es importado por un participante privado.
En el caso de diésel la pérdida de mercado por parte de Pemex ha sido más evidente. Los últimos datos indican que, hasta finales de 2019, los privados ya habían arrebatado el 36% del mercado de importación de diésel a la empresa estatal.
El mercado de combustibles se ha vuelto estratégico en la búsqueda del ejecutivo federal por devolver a Pemex su protagonismo en el sector energético y las últimas modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, que se discutirán esta semana y eventualmente aprobarán en Diputados, elevará aún más los requisitos para que nuevas compañías puedan acceder a esta actividad .
