La modificación, cuya propuesta fue de la bancada de Morena, quitará a la compañía algunas obligaciones que debía seguir para contrarrestar su poder monopólico , como publicar sus descuentos y los precios de primera mano en los que comercializa sus combustibles y someter al visto bueno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sus contratos.
“Es posible que aprovechen para hacer cambios en su estrategia comercial enfocados a recuperar mercado (...). Pemex ya debe estar valorando los cambios en sus estrategias comerciales y contratos. Algo que creo será muy inmediato es replicar aquellas prácticas de otros mayoristas respecto a los contratos en cuanto a exclusividad y franquicia,”, dice Alejandro Montufar, de la consultora PetroIntelligence.
Hasta ahora, como uno de los puntos, la estatal tiene la obligación de presentar a revisión sus contratos para que estos no contengan cláusulas excesivas hacia sus clientes, principalmente comercializadores o franquicias. Pero con la nueva regulación, la estatal tendrá vía libre para establecer sus condiciones, y así intentar ganar mercado entre sus competidores, dicen los analistas.
La CRE dejará de sujetar las ventas de primera mano y la comercialización de petrolíferos, petroquímicos e hidrocarburos y no podrá garantizarse que la empresa no discrimine o brinde tratos diferenciados a algunos de sus clientes.
Antes de la reforma de 2013, cuando toda la cadena del mercado de combustibles pertenecía a la petrolera, la compañía realizaba algunas conductas que no favorecían a sus clientes, como obligarles a adquirir el transporte del combustible si es que tenían un contrato de suministro o no entregar facturas con los componentes del costo total del servicio.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que representa a los empresarios gasolineros, ya ha mostrado su preocupación por esta modificación. “Es fundamental asegurar que los descuentos y beneficios en ventas de primera mano y de comercialización, que realice la empresa productiva del estado, no se otorguen de manera discrecional y discriminatoria, y se actúe en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica”, dijo ayer martes en un comunicado.
Incluso, antes de la promulgación de la reforma, la compañía ya ha dejado de hacer públicos sus precios al mayoreo, un dato que era utilizado por otros comercializadores –quienes eran directamente su competencia– para fijar precios por debajo de los establecidos por la compañía.
Hasta enero pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), la estatal mantiene el 81% del mercado mayorista de gasolinas y el 73% de diésel. Y con estos cambios, podría recuperar un fracción de su participación pérdida.
Las modificaciones también plantean la rescisión de permisos si estos van en contra de la seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional. Un argumento considerado ambiguo y que, de acuerdo con abogados del sector, podría utilizarse a favor de la estatal, considerada como la pieza clave dentro del objetivo presidencial de lograr la autosuficiencia energética.
Y añade una nueva cláusula para otorgar nuevos permisos solo a las empresas que cumplan las condiciones de almacenamiento que considere apropiadas la Secretaría de Energía. Esto, dicen los analistas, limitará la cantidad de nuevas autorizaciones que se emitan desde el regulador para hacer contrapeso a la estatal.
La disminución ya ha comenzado. Hasta ahora se han rescindido más del 90% de los permisos vigentes de importación de petrolíferos y hace unos días el regulador declaró caducados 125 permisos de comercialización de petrolíferos.
“Lo que se hace es subir a ley las cosas que se están dejando de hacer en la CRE en cuanto a temas regulatorios”, dice Susana Cazorla, una ex funcionaria y consultora del sector.
La regulación también establece la negativa ficta, una figura mediante la cual los permisos que se han ingresados a la CRE y que no obtengan un respuesta serán considerados como negados.
El sector ya espera una ola de permisos cancelados , mientras que los privados ya han comenzado a afinar sus estrategias legales.