Se trata de una medida que ya podía ser llevada a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero que no se ponía en práctica de manera activa y que ahora, al ser elevada a nivel de ley, podrá realizarse de manera más recurrente, explican abogados del sector.
Las modificaciones, coinciden las fuentes, buscan robustecer el programa de revisión a gasolineras que desde los primeros meses del sexenio puso en marcha el ejecutivo federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero que se basa prácticamente en evidenciar a las gasolineras con altos precios en las conferencias matutinas de los lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Va a detonar que los funcionarios tengan que hacer programas de verificación. El mensaje que está mandando esta reforma es ‘funcionarios salgan y revisen’”, dice Daniel Guerrero, un consultor independiente y exfuncionario de la Secretaría de Energía.
De acuerdo con información oficial, anualmente se cobran al consumidor, pero no se llegan a despachar, al no dar los litros completos, alrededor de 1,736,000 litros de gasolinas a los consumidores, equivalente a más de 33 millones de pesos.
Los empresarios gasolineros agrupados en la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) aseguraron hace unos días en un comunicado que estas medidas impuestas desde el ejecutivo generan una sobrerregulación. “No contemplan criterios de proporcionalidad y gradualidad”, dijeron.
Los cambios también incluyen la revocación de un permiso de venta de combustibles –incluido el gas licuado de petróleo– si los empresarios modifican condiciones técnicas de sistemas, ductos o instalaciones sin una autorización previa. Ahora los empresarios gasolineros ya pueden ser acreedores a una sanción que comienza desde los 2 millones de pesos, pero la sanción de suspensión elevará el nivel de exigencia sobre los comercializadores.
Y los gasolineros no son los únicos que enfrentarán medidas de suspensión. Los permisionarios –principalmente los comercializadores e importadores– que no hayan utilizado su autorización también verán cancelada el permiso que obtuvieron en la administración anterior, así como quienes no cumplan con la política de almacenamiento determinada por la Secretaría de Energía, que exige inventarios mínimos de cinco días para los comercializadores de gasolinas y diésel y de 1.5 al diésel. De hecho, pocas son las empresas que cumplen con este requisito.
“Es legítimo el interés de depurar y que no se busque sólo especular con los permisos que es una práctica común, pero mucho de esto que se quiere “limpiar” es en ánimo en ayudar a Pemex”, explica Daniel Sánchez, socio en la práctica de energía de Baker McKenzie.
