La propuesta de cambio a la Ley de Hidrocarburos, la segunda en menos de un mes, fue presentada ayer y aprobada por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en una reunión de emergencia convocada el mismo martes. El dictamen fue discutido brevemente y aprobado por una mayoría de 301 votos, a pesar de una serie de advertencias de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), que se ha convertido en uno de los contrapesos más importantes en materia energética.
El nuevo cambio busca eliminar todas las medidas puestas en marcha en 2014 para disminuir el poder de mercado de la estatal en la comercialización de petrolíferos y otros combustibles, con lo que se buscaba incentivar la entrada de nuevos participantes al sector, el principal objetivo de la reforma energética.
La propuesta argumenta que la petrolera nacional ya no es más el agente preponderante en el mercado, con lo que ya no es necesario continuar con la serie de medidas impuestas a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Pemex.
“Al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Pemex o sus organismos subsidiarios”, dice en el documento que pretende dejar sin validez el artículo transitorio décimo tercero, que establece de la regulación asimétrica.
El documento sostiene su argumento al mencionar el número de permisos que han sido entregados a particulares desde la aprobación de la reforma: 1,037 para comercialización, 2,477 para transporte, 144 para almacenamiento, 1,697 para expendio, entre otros.
Pero la Cofece, dirigida por Alejandra Palacios, asegura que esto último no da cuenta de la existencia de competencia en el mercado. “En México no se observa competencia intensa en el mercado mayorista, medido en lo que realmente cuenta, que es volumen del producto vendido”, explica la funcionaria en un documento publicado en su cuenta de Twitter, en el que acusa una falta de discusión amplia sobre la iniciativa.
La CRE, el regulador del mercado, ya había eliminado algunas de las reglas impuestas a Pemex como parte de un proyecto fue aprobado desde diciembre de 2019. Así, desde hace más de un año el organismo dejó sin validez la metodología que debía ser usada por la estatal para determinar sus precios de venta de primera mano y en las terminales de almacenamiento.
La eliminación de algunas reglas, encaminadas a quitar a Pemex la obligación de publicar sus precios y dejar de utilizar una metodología para determinarlos, empataron con uno de los principales objetivos presidenciales, que se basa en regresar a la estatal al centro del mercado de la venta de combustibles.
Pero esta nueva modificación, que se suma al resto presentadas para fortalecer a la petrolera –la más endeudada a nivel mundial–, desecharía todas las regulaciones asimétricas que continúan vigentes para Pemex en los mercados de comercialización de gas natural, gas licuado de petróleo, gasolina y diésel.
“Continúan vigentes diversas medidas de regulación asimétricas que sujetan a Pemex a desventajas ante sus competidores, limitándola a la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, dice el documento que sigue en discusión en la Cámara Baja.
Hasta ahora, la estatal está sujeta, entre otras cosas, a presentar sus modelos de contratos de comercialización a la CRE, sujetarse a algunos criterios para ofrecer descuentos a sus clientes y no establecer exclusividades en la comercialización de los combustibles.
“Ahora el transitorio dice que la CRE debe derogar todos los acuerdos del transitorio, se van a quitar el resto de las medidas (que no habían sido eliminadas). Aunque esto no quiere decir que Pemex lo vaya a hacer”, dice Alejandro Montufar, de la consultora PetroIntelligence.
Estas obligaciones, dice la Cofece, debían de continuar hasta que la estatal perdiera al menos el 30% del mercado conjunto de gasolina y diésel en el país. Pero durante lo que va de 2021, los privados solo sostienen el 19% de la comercialización de gasolinas y el 29% del diésel.
Las opiniones de los participantes del sector sobre la nueva iniciativa se divide entre quienes consideran que ésta sólo busca elevar a nivel de ley una serie de cambios hechos en la CRE mediante la aprobación de proyectos y quienes aseguran que esta modificación se traducirá en nuevas facultades para que la estatal recupere el mercado que perdió por la entrada de nuevos competidores.
