Pero antes de que la segunda sala de la Suprema Corte, a donde fue designada, decidiera si podía o no atraer el caso, la presidencia decidió desistir de su solicitud. En los registros públicos de la Corte no se detallan las razones por las cuales el ejecutivo tomó la decisión.
Con esta solicitud, la presidencia buscaba que fuera la Corte y no un Tribunal Colegiado el que revisará la validez de las suspensiones, después de que la administración presentó un recurso para que todas las suspensiones se llevaran a revisión.
Hasta ahora, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se encuentra detenida debido a que varios jueces han considerado que atenta contra los principios de competencia y contra humanos, como al de un medio ambiente sano.
En comparación, el presidente ha defendido que ésta sólo busca fortalecer a la estatal CFE, el mayor generador de electricidad.
Entre otras cosas, la reforma busca modificar el criterios de despacho de electricidad para usar primero las que son propiedad de la CFE y restringe el otorgamiento de nuevos permisos para nuevos participantes del mercado.
La reforma a la LIE se une al resto de esfuerzos promovidos desde el gobierno federal para modificar las reglas del mercado dictadas con la reforma energética de 2013, pero que no han logrado ser llevadas a cabo debido a la intervención de jueces especializados en competencia, de la Comisión Federal de Competencia Económica e incluso de la Suprema Corte, quien hace unos meses declaró como inconstitucionales algunas partes de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía.
Y este lunes, el juez Juan Pablo Gómez Fierro dio un nuevo revés a otra de las medidas, al otorgar una suspensión provisional a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, enviada también desde presidencia y que busca aumentar los requisitos para la entrada de privados al mercado de combustibles.
