AT&T tiene cuatro días para defenderse por las irregularidades en sus contratos

El viernes pasado, la Profeco informó a través de un comunicado que suspendió la venta de servicios de telefonía móvil de pospago de la empresa estadounidense en Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, León, Morelia, Puebla, Querétaro, Tijuana y Veracruz. Esta decisión se toma después de que se detectara que el contrato del servicio de pospago registrado ante el organismo era diferente al que se le entregaba a los clientes.

“Se decidió colocar los sellos de suspensión, solamente por lo que corresponde al esquema pospago, tras recibir quejas de los consumidores por un cobro anual por equipo diferido, el cual a decir de los propios consumidores, y cómo se ha observado en los trabajos de verificación, no corresponde al mostrado en la página de AT&T ni tampoco al registrado en la Profeco”, señaló Pineda.

Ante la comercialización de servicios, cualquier empresa de telecomunicaciones tienen la obligación solicitar un registro de contrato de adhesión con la Profeco, que debe ser entregado tal y como está a los consumidores. En el caso de AT&T, la empresa estadounidense agregó en la carátula del contrato un cobro anual por equipo diferido, lo que afecta directamente al usuario.

El subprocurador de telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor agregó que están pendientes de que la irregularidad detectada en 10 ciudades no sea mayor, pues en caso de que se compruebe que hay más establecimientos replicando esta práctica la suspensión de actividades sería general.

Sobre el tema, AT&T declaró: “Hemos estado trabajando con la autoridad sobre este tema y esperamos que pronto se aclare. En AT&T México reafirmamos nuestro compromiso con trabajar siempre en beneficio de los clientes y los derechos de nuestros usuarios”.

Desde el equipo de comunicación de la empresa compartieron que los usuarios seguirían siendo atendidos en sus canales de venta y servicio. Además, “las operaciones de prepago, recarga y contratos nuevos y renovaciones sin equipo con cargo diferido mantienen su operación normal”.

¿Y los consumidores?

Agustín Pineda aseguró que desde el viernes pasado, la Profeco ha recibido quejas de los consumidores que fueron afectados en la continuidad de su servicio móvil. En su mayoría, indicó, han sido peticiones de asesorías y la resolución de dudas sobre lo que sucederá tras la suspensión de actividades de venta en los establecimientos.

“Si ellos tienen alguna duda, la recomendación es que primeramente revisen el contrato que les fue entregado, eso es fundamental. Hemos apelado a que los usuarios se informen, se eduquen, conozcan sus derechos y sean exigentes, pero eso implica que también sepan qué firman cuando contratan un servicio”, dijo el funcionario.

Sin un dato certero sobre el número de afectados, la Profeco espera tener un acercamiento con la empresa para conocer el total de clientes que fueron perjudicados por la irregularidad de la compañía de telecomunicaciones.

“AT&T tiene registrados aproximadamente 485,000 usuarios de pospago, pero no a todos se les realiza este cobro anual, es importante que la empresa nos señale de manera clara y puntual a cuántos se los ha cobrado, tomando en cuenta que es un contrato de 2019, lo que significa que a partir de 2020 –un año después– se aplicó el cargo”, añadió Pineda.

Una larga historia

En 2019, la Profeco empezó a recibir quejas por parte de los usuarios debido a que la empresa de telecomunicaciones les estaba exigiendo un cobro de 225 pesos al año a aquellos que adquirieron su equipo en pagos. Éste entraría en vigor a partir del 1 de noviembre de 2020.

Después de recibir 844,480 quejas, el organismo federal pidió a AT&T solucionar las inconformidades.

“En algunos casos ha habido voluntad de AT&T para resolver. Desde el año pasado que se presentaron los primeros casos de cobro, la empresa los revisó, caso por caso, para que hubiera una compensación a los consumidores, es decir, otorgarles un beneficio o hacerles un reembolso de esa cantidad, dependiendo lo que a el usuario le convenía”, explicó Agustín Pineda.

“Pero hay otros casos en los que los consumidores han manifestado que no quieren llegar a una conciliación, ellos buscan sumarse a una acción colectiva. Si observamos que son muchos, nosotros tenemos que defender a una colectividad, lo que implicaría que evaluamos la procedencia de una acción colectiva”, aseguró el funcionario.