A diferencia del viejo TLCAN, el capítulo 23 del nuevo T-MEC pide incluir en la legislación laboral de los tres países firmantes, disposiciones que garanticen el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de las empresas.
“El T-MEC establece que el voto debe ser personal, libre y secreto, pero en la reforma se adiciona que debe ser directo. Esto quiere decir que cada trabajador debe ejercer su voto de forma individual, y ya no mediante delegaciones como ocurría antes”, explica Jacqueline Álvarez, abogada y especialista en temas laborales de EY México.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) ha expuesto que parte de los contratos existentes surgieron bajo la creación de sindicatos “fantasma”, es decir, que ofrecen protección al empleador a cambio de reconocer la titularidad del contrato colectivo, pero que no representan a la mayoría de los trabajadores.
“Mediante este procedimiento (de consulta) los trabajadores pueden confirmar que los sindicatos que dicen representarlos efectivamente los representan”, añade Germán de la Garza, Socio Líder de Servicios Laborales en Deloitte.
La Secretaría del Trabajo creó un protocolo para realizar las votaciones que, entre otras cosas, solicita a los sindicatos notificar con tiempo a los trabajadores sobre la consulta, facilitar el acceso al contrato colectivo de trabajo y diseñar una logística que permita a todos los trabajadores ejercer su voto.
En el país hay 24 plantas armadoras de vehículos ligeros, pero hasta ahora solo una tercera parte ya ha cumplido con el trámite: cinco de Ford, una de Kia, una de Toyota y una de Honda, según datos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Dos plantas del complejo de Saltillo, propiedad del grupo Stellantis, ya tienen programada la consulta para el 19 y 26 de agosto, mientras que la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, realizará el 17 y 18 de agosto la reposición de la consulta cancelada en abril, debido a irregularidades durante su realización.
La industria automotriz fue una de las prioridades dentro de la renegociación del nuevo T-MEC. Uno de los objetivos que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá persiguieron con la renegociación del acuerdo comercial que sostenían desde hacía más de dos décadas con México era un suelo más parejo, tanto en costos como en condiciones laborales, para atraer inversiones a la región.
Hoy, México es el séptimo productor mundial de vehículos y el cuarto exportador global. En el pasado, los sindicatos de Estados Unidos y Canadá han acusado a su socio comercial de echar mano del trabajo barato y de un peso depreciado para atraer inversiones automotrices.
Líderes sindicales de Estados Unidos y Canadá insisten en que para conseguir mejores condiciones laborales, los empleados deben tener una verdadera injerencia en la negociación de sus contratos colectivos de trabajo. Tras la reforma laboral de 2019, se espera una sacudida a las organizaciones sindicales mexicanas en los próximos dos años.
“Esto [la legitimación de los contratos colectivos de trabajo vía consultas directas] va a permitir ver cuándo es que verdaderamente existe una representación sindical legítima y cuándo se trata de una simulación. Este será el mayor efecto positivo que tendrá el tratado en México”, dice el especialista de Deloitte.
