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Vapeadores van por amparos, ¿lograrán seguir el camino de la jurisprudencia?

Usuarios y personas que comercializan vapeadores buscarán ampararse contra el decreto presidencial que prohibe el uso y la venta de estos dispositivos.
mié 01 septiembre 2021 09:20 AM
Los usuarios y comerciantes de vapeadores han recurrido a los amparos. (iStock)
“Se puede tener una legislación como la del Reino Unido, eventualmente, sí se puede. Pero no necesariamente llegará por la vía jurisdiccional. Hemos romanizado el litigio constitucional y el litigio de derechos humanos ante la Corte, cuando en la realidad lo que haría falta,es una legislación que estaría en la cancha del Congreso de la Unión”, puntualiza.

Los usuarios de vapeadores tienen una estrategia para enfrentar las prohibiciones del uso, la venta y la importación de estos dispositivos. México y el Mundo Vapeando (Mexvap) es una organización que busca lograr, a base de recursos de amparo, eliminar las prohibiciones que se han generado en torno a estos dispositivos.

Esta organización civil ya ha promovido amparos para usuarios de vapeadores, que tuvieron acceso al documento en formato descargable desde su página web. Ahora, Mexvap alista otros recursos para que consumidores y comerciantes se amparen ante el decreto presidencial que prohíbe la importación y venta de los vapeadores, pero permite los que calientan cartuchos o unidades desmontables con tabaco.

Juan José Cirión, presidente de Mexvap, explica que, a raíz de este nuevo decreto, que la Secretaría de Economía publicó en julio, la organización iniciará con la acción legal para que se tome en consideración una idea de equidad, de igualdad y de proporcionalidad, respecto a ambos dispositivos. El activista prevé que se generen entre 150 y 200 procesos de amparo.

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“Nos parece que es una medida que siempre ha sido vista desde una perspectiva incorrecta y que trae como consecuencia una situación de desigualdad. Lo que hicieron (para permitir a los que calientan tabaco) fue quitar la prohibición al tabaco, alegando que como tiene tabaco, pues es como un cigarro. Es una visión muy simple de cómo observar a este tipo de dispositivos cuando creemos que el punto de vista correcto debería partir del daño que le causa a los usuarios”, dice.

Los amparos podrían abrir paso a los vapeadores para que anden el mismo camino que siguió la legalización del uso lúdico de la marihuana: el de la jurisprudencia. Aunque no sería en el corto plazo, ya que no se conforma tan fácil, ni tan rápido. Para crear jurisprudencia es necesario sumar cinco amparos con una sentencia satisfactoria en un mismo sentido, lo que da pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes.

Juan Carlos Morales, de Escartin Abogados, explica que con la sentencia para el consumo lúdico del cannabis se realizó una valoración sobre dos principios: el primero, relacionado con la libertad de cada individuo mayor de edad al desarrollo de la personalidad, es decir, su capacidad de decidir qué quiere consumir, en tanto esto no daña a terceros ni incurre en un delito federal.

Bajo este concepto, los usuarios adultos de vapeadores pueden argumentar que tienen derecho legal de decidir la forma en la que quieren consumir nicotina y, si requiere una alternativa, el gobierno debe de permitirle que ejerza esta libertad para adquirirlas, siempre y cuando, no dañen a terceros. Este proceso requiere de respaldo científico.

Así, los usuarios pueden solicitar un amparo para el uso de vapeadores ante un juez de distrito. Lo mismo ocurre con quienes buscan permisos para vender e importar. En caso de que los jueces nieguen el amparo, los quejosos tienen la opción de solicitar un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde, al sumar cinco sentencias aprobatorias se crea la jurisprudencia.

En México, los vendedores de vapeadores estuvieron cerca de la jurisprudencia, pues había cuatro sentencias dictadas por la Primera Sala de la SCJN en las que se declaró inconstitucional la prohibición de venta. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la Corte prohibió a Sanborns, la cadena de tiendas del empresario Carlos Slim, comercializar los dispositivos, lo que interrumpió la ruta.

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Cirión considera que en el largo plazo sería posible seguir por este camino legal. Mexvap ha promovido tres tipos de amparos ante los tribunales de distrito: los de usuarios que alegan su derecho a usar estos dispositivos, para tiendas que buscan vender los cigarrillos electrónicos y los comerciantes que buscan comercializar e importar los dispositivos. Como parte de los resultados, hay 12 sentencias a favor de los usuarios, que pueden adquirir y usar sus vapeadores, y dos más para la venta e importación.

“El consumidor, vendedores y fabricantes de líquidos están conscientes de que es importante que haya amparos. Estos dispositivos no caen del cielo ni los va a dar el gobierno o las autoridades, los van a vender empresas, comercios y, como consumidores, nos conviene que estos comercios operen en la legalidad”, dice Roberto Allan Sussman, director de la asociación civil Pro-Vapeo.

La regulación de una industria

Los especialistas consultados declaran que el camino para la regulación del uso adulto y la venta de los vapeadores es el llamado litigio estratégico, es decir, primero se busca la aprobación de la Corte para que cualquier persona mayor de edad pueda decidir qué afecta a su salud y, tras esa declaración, quienes busquen comercializar deben pedir permiso de Cofepris para obtener licencias, para lo cual deben solicitar un amparo.

Julio Copo, consejero de Mañón Quintana Abogados, explica que, en medio de este proceso haría falta una regulación para los líquidos de los vapeadores, lo que requerirá la intervención de Cofepris. A esto se suma que la Secretaría de Economía debería emitir una serie de requisitos mínimos para permitir la importación de los vapeadores, con características específicas para garantizar su seguridad.

El abogado opina que para tener una normativa integral para el uso de los dispositivos, más que un camino legal, se necesita de una regulación general de la industria, y para ello se requiere que el trabajo legislativo. “Se puede tener una legislación como la del Reino Unido, eventualmente, sí se puede. Pero no necesariamente llegará por la vía jurisdiccional. Hemos romantizado el litigio constitucional y litigio de derechos humanos ante la Corte, cuando lo que haría falta es una legislación que estaría en la cancha del Congreso de la Unión”, puntualiza.

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