Pero las alarmas en los consumidores y en los participantes de la industria se han encendido. Mientras que López Obrador y la principal responsable de la política eléctrica aseguran que la iniciativa no toca este mecanismo, la industria y los analistas del sector aseguran que el documento plantea lo suficiente para terminar con este tipo de generación y que la falta de claridad de la reforma da pie a la discrecionalidad de toma de decisiones por parte de la Secretaría de Energía y la CFE, que tomaría el papel de autoridad en la política eléctrica en dado caso de que el documento se apruebe sin cambios.
“(El documento) es muy discrecional, se va a hacer lo que la CFE considere que es su beneficio (...). Estamos a la espera de que CFE decida cuáles son las condiciones que ellos consideran correctas”, dice Paul Sánchez, un analista del sector.
Y es que la iniciativa de reforma eléctrica establece dos grandes modificaciones que, de acuerdo con la interpretación de abogados, sí podría constituir una posibilidad de terminar con esta modalidad de generación distribuida, a la que han acudido un gran número de consumidores para ver reducidos sus pagos en los recibos de electricidad.
En primer lugar, el documento marca a la generación eléctrica como una actividad que será ejecutada de manera exclusiva por el Estado mexicano, a través de la estatal CFE. En segundo, para este fin considera necesario la cancelación de todos los permisos y los contratos para generación eléctrica previamente otorgados.
Si bien los proyectos de generación distribuida no requieren de un permiso por parte del regulador del mercado –si es que estos tienen una capacidad menor de 0.5 megawatts–, la CRE tiene registrados 242,958 contratos de interconexión, que representan una capacidad de generación instalada de 1,797 megawatts. Estos contratos han sido firmados entre los pequeños generadores y CFE, para conectarse a la red eléctrica y recibir una contraprestación si la energía generada mediante sus paneles rebasa su consumo y es subida a la red.
La iniciativa de reforma no es clara en determinar si estos contratos seguirán en pie o deberán ser rescindidos. “Nosotros sí creemos que resultamos afectados por cómo está redactada la reforma, deja la generación de electricidad exclusivamente a la nación al considerarlo como área estratégica. Este tipo de actividad no requiere permiso, pero sí se depende de un contrato, que entendemos quedaría cancelado”, dice el director de una compañía que se dedica a la instalación de paneles solares que solicitó no ser citado.
Hasta ahora, la administración federal ha dejado fuera de su discurso una oposición a la generación distribuida. Pero en el pliego petitorio enviado por la dirección de la CFE a la Comisión Reguladora de Energía a finales del 2019 –y de donde se desprendieron un gran cantidad de cambios hechos por el regulador, que también desaparecería con la reforma –, la eléctrica nacional sumó como uno de los puntos revisar los esquemas de contraprestación relacionados con la generación distribuida, para evitar afectaciones económicas a sus finanzas. Es ahí, dicen las fuentes, donde se abre la posibilidad para la revisión o una eventual cancelación de los contratos.
Otro punto que podría dejar en un vacío regulatorio la existencia de este mecanismo de generación es la desaparición de la CRE, el organismo ante el cual se presentaban las solicitudes de interconexión y se realizaban el resto de los procesos. Las fuentes coinciden en que, a pesar de que la nueva reforma –en caso de ser aprobada– permita la continuidad de este sistema de generación, la incertidumbre regulatoria podría ser un gran punto en contra para continuar con éste.
La industria coincide en que será necesario esperar la regulación secundaria para conocer el futuro de la generación distribuida.
