El país asumió a nivel internacional el compromiso de generar el 35% de su energía con métodos renovables hacia 2024 y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 22% hacia 2030.
México ya ha mostrado retrasos en sus metas establecidas en la Ley de Transición Energética. Pero la nueva dinámica, que contempla la reforma enviada por el presidente al Congreso hace dos semanas, podría resultar en un aumento de 46% en las emisiones de gases invernadero del país durante la próxima década, dice el CCE.
La iniciativa presidencial contempla modificar el orden en que se usa la electricidad, para dar prioridad a la generada por la compañía estatal, y dejar casi al final de la fila a las centrales eólicas y solares, que en su mayoría pertenecen a la iniciativa privada, pues la CFE ha basado en los últimos años el crecimiento de su matriz energética en la construcción de plantas que funcionan a base de gas natural y el resto que posee operan con otros combustibles fósiles, como diésel o combustóleo. “Toda la inversión en generación solar y eólica en México en años recientes ha provenido del sector privado. CFE ha tenido capacidad de ejecución de nueva generación limpia cercana a cero”, sostiene la principal organización representante de la iniciativa privada.
El presidente y los principales representantes de la política energética han defendido que se impulsará el uso de las hidroeléctricas, pero esto no ha convencido al sector ni a las organizaciones ambientalistas.
El CCE también señala que la reforma eléctrica subiría el costo de producción total de energía en al menos 62,100 mil millones de pesos anuales y, en conjunto con el subsidio eléctrico, los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos, aunque no señala su metodología.
Los empresarios insisten en que viola tratados internacionales
Esta mañana el presidente aseguró en su conferencia matutina que su iniciativa para regresar al centro del mercado a la estatal CFE no viola el Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC) y que ésta, al contrario, pretende aumentar las inversiones en el país, sin que aumente el precio de la electricidad.
Pero la cúpula empresarial insiste en que la iniciativa de reforma "es abiertamente violatoria de las cláusulas de protección de inversiones en acuerdos comerciales, incluyendo al T-MEC". Los empresarios han argumentado que con este acuerdo, México se ha comprometido a otorgar a los inversionistas extranjeros el mismo trato que a las inversiones y compañías nacionales, lo que no estaría sucediendo con la reforma, que busca privilegiar a la CFE.
Al tratarse de un cambio constitucional, las compañías no tendrán como opción ampararse en juzgados nacionales, sino que deberán acudir a tribunales internacionales y comenzar procesos de arbitraje. "Es previsible el inicio de controversias Estado – Estado por incumplimiento de los acuerdos comerciales. En el caso del T-MEC, la decisión del panel es obligatoria y podría traer represalias comerciales por un monto equivalente al valor perdido por los demandates", dice el CCE.
Las empresas ya han comenzado a formar sus estrategias en dado caso de que se apruebe la reforma y los arbitrajes internacionales se colocan como la respuesta más viable a emprender, han dicho abogados a Expansión.
