Ahora mismo la industria automotriz no está logrando abastecer toda la demanda de autos nuevos debido a la escasez global de chips, que tiene a las plantas armadoras a medio gas. “El mercado está demandando más de lo que la industria puede ofrecer. Hoy la capacidad que tenemos como industria es de alrededor de 80,000 unidades mensuales y la demanda está cerca de las 100,000 unidades”, añade Centeno.
Esta sobredemanda, sumada al encarecimiento de varios insumos necesarios para la producción de vehículos, ha aumentado los precios de los modelos nuevos en 9%. También los precios de los modelos seminuevos han subido alrededor de 14%, debido a un pico en la demanda que han registrado los modelos usados en los últimos meses como resultado de la escasez de autos nuevos.
El controvertido acuerdo ha generado opiniones encontradas en la industria. Estas son las claves para entender el alcance de la medida.
1. ¿Qué establece el acuerdo?
Mediante el Acuerdo para regularización de autos usados de procedencia extranjera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana elaborar un programa que incentive a las personas físicas que residen en la franja fronteriza –Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur–, a llevar a cabo la regularización de los vehículos usados que no hayan tramitado su importación definitiva en territorio nacional.
2. ¿Para qué autos aplica?
El Acuerdo establece que estas facilidades serán aplicables únicamente para los vehículos que, hasta la fecha de entrada en vigor del instrumento, se encuentren en la región de aplicación del acuerdo. Es decir, que no aplicará para aquellos autos que entren al país de forma irregular posterior a esta fecha.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estima que hay un parque de alrededor de dos millones de vehículos que fueron importados de forma ilegal al país y que son susceptibles para ser legalizados bajo el pago de impuestos.
3. ¿Cuánto costará la regularización y para qué se usará el dinero recaudado?
López Obrador señaló que los propietarios de este tipo de vehículos deberán pagar 2,500 pesos por unidad, por lo que el gobierno estima recabar 1,300 millones de pesos.
El Acuerdo establece que los ingresos que se obtengan por las contribuciones derivadas de la importación definitiva de vehículos usados en la región fronteriza norte serán destinados, conforme a lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente.
4. El riesgo que ve la industria automotriz
Esta no es la primera vez que una administración busca regular el contrabando de vehículos. Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, dice que en el pasado los gobiernos han emprendido 19 iniciativas similares, sin éxito. Para el representante de los 2,500 puntos de venta de autos nuevos que hay en el país –que en algunos casos también comercializan usados– el verdadero riesgo de este Acuerdo es “el mensaje “ que envía la medida.
“El problema es que el contrabando automotriz no acaba con la regularización del millón y medio o los dos millones de unidades que se pudieran regularizar a partir de este acuerdo, sino que continuará. Así ha pasado con iniciativas similares en el pasado”, dice Rosales, quien teme que el acuerdo avive el contrabando con la esperanza de que en el futuro pudiera haber un nuevo acuerdo que permita regularizar otro tanto de ‘autos chocolate’.
El organismo pide pide "tolerancia cero" al flujo de autos de contrabando por los puertos fronterizos y acabar con la corrupción aduanera. Asociado a esto, advierte la necesidad de contar con la tecnología necesaria en los puntos de revisión para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles.
5. El impacto de la medida en la relación gobierno-sector automotriz
La industria automotriz ha buscado, a través de sus tres asociaciones gremiales –AMDA, AMIA e INA–, un acercamiento con la administración del presidente López Obrador, principalmente con la Secretaría de Economía, la del Trabajo, y la de Hacienda y Crédito Público.
Tatiana Clouthier, secretaría de Economía, es la funcionaria que hasta ahora ha dado un guiño al sector que –según datos de la dependencia– representa 3.37% de PIB nacional y ha generado 15% de la Inversión Extranjera Directa (2,821 mdd de un total de 18,432 mdd) captada en lo que va del año. Aunque la titular de la Secretaría de Economía denominó esta semana al sector automotriz “como un pilar clave para la recuperación económica”, no ha hecho eco a varias de las peticiones hechas por el sector. Frenar la regularización de los 'autos chocolate' es un ejemplo de ello.
“Reconocemos su disposición al diálogo, desgraciadamente no ha sido posible generar una política pública que impulse la recuperación del sector automotriz”, dijo Rosales tras un mensaje pronunciado por Clouthier durante el Foro AMDA, celebrado esta semana.
