Como parte del acuerdo, Aeroméxico ofreció a los acreedores no asegurados posibles distribuciones de una nota de "derecho de valor contingente" de cuatro años, que repartiría asignaciones en efectivo siempre que Aeroméxico supere sus objetivos, dijo el abogado Timothy Gaulich, de Davis Polk & Wardwell, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.
"Son muy buenas noticias", afirmó la jueza Shelley Chapman, que lleva el caso, tras el anuncio del acuerdo.
El grupo de acreedores consideraba que varios puntos del plan de reestructura de la aerolínea no cumplen con lo dispuesto en el Código de Bancarrotas estadounidense, por lo cual solicitó a la Corte que se realicen varios cambios antes de su aprobación.
“El plan, tal como se presenta actualmente, demuestra cómo, cuando quedan sin supervisión, poderosas personas con información privilegiada (incentivados a preservar sus sustanciales intereses de propiedad) pueden asociarse con un selecto número de inversionistas para diseñar una reestructura que desplace el valor de los acreedores no garantizados hacia ellos mismos”, dijo el grupo de acreedores en una declaración preliminar.
El documento presentado a la Corte daba cuenta de seis objeciones al plan de reestructura derivadas de lo que considera como incumplimientos al Código de Bancarrota,
Entre éstas, destacaba una presunta violación al Código al no ofrecer “la misma oportunidad de recuperación” para todos los acreedores no asegurados, al asegurar que algunos obtienen una recuperación financiera hasta 50% mayor que otros.
El grupo de acreedores también advertía de una violación al contemplar transferencias de valor no permitidas a algunos miembros del consejo de administración de Aeroméxico, con el objetivo de que continúen a su servicio.
En concreto, se hizo referencia a la distribución de 4.1% de las nuevas acciones a emitirse para cuatro miembros actuales del consejo: Eduardo Tricio Haro, Antonio Cosío Pando, Valentín Diez Morodo y Jorge Esteve Recolón, pues, de este monto, 3.2% (valuados a 82 millones de dólares) serían pagados “en consideración a ciertos convenios que se harán con la compañía, y en relación con el servicio como miembros del nuevo consejo”.
“Esta transferencia propuesta de 82 millones en valor a cuatro directivos es un pago excesivo por la mera retención de estas personas en los negocios de los deudores”, dicen los acreedores en la objeción.
Esto se sumó a un señalamiento de la Tarifa de contrato de Delta, hasta ahora accionista de 49% del capital de Aeroméxico. El grupo de acreedores advierte que la distribución de 20% de las nuevas acciones planteada para Delta “está diseñada” para asegurar "su interés de propiedad”.
La audiencia de confirmación del plan de reestructura de Aeroméxico inició hoy tras haber sido pospuesta desde su fecha original, el pasado 18 de enero.
Con información de Reuters