El cambio a la ley establecía que una o más compañías podían construir una central solo para su propio consumo. La legislación no preveía que se pudiera comercializar la electricidad que producían, pero establecía que las empresas copropietarias de la central o que estuvieran dentro de la sociedad dueña del activo –sin importar cuántas– podrían ser acreedoras de la energía ahí generada.
Las nuevas centrales construidas por privados tenían costos más eficientes porque no tenían grandes pasivos ni un gran sindicato como la CFE, y muchas compañías que llegaron al país o que ya estaban en suelo mexicano vieron en estos activos una opción para bajar sus costos y ser más competitivas.
Estas empresas no podían comprarles electricidad a las nuevas plantas, pero podían comprar una o más acciones que automáticamente las podría colocar como receptoras de electricidad. Recibir energía de una de estas centrales no sería una compraventa, sino una transacción interna entre los accionistas del activo.
"Cuando una empresa hace un tipo de transacción con sus dueños, con sus accionistas, se considera desde el punto de vista jurídico que no está yendo al mercado, y eso se empezó a aplicar con todos los esquemas. Lo que más se puede criticar es que sí se estaba haciendo una interpretación creativa y audaz de la constitución, pero desde un punto de vista formal impecable”, dice un ex funcionario de la CFE. “Y sí empiezas a ver creatividad corporativa, donde empiezas a ver desarrollos muy potentes, con hasta 500 socios. Y la CFE se da cuenta que sus principales clientes se le empiezan a ir como hemorragia, porque los autoabastos existían simplemente porque eran más baratos que la CFE".
Los autoabastos y los mil socios
Los bajos costos de estas centrales, dicen las fuentes entrevistadas, se convirtieron en el mayor incentivo. La CFE acarreaba grandes costos: un gran pasivo laboral, un poderoso sindicato y una estructura que no fomentaba que esta se volviera más eficiente. Los privados tenían una estructura totalmente contraria, se volvieron más competitivos, y las tarifas que ofrecían eran menores. La compañía estatal dejó de firmar nuevos grandes contratos y perdió algunos de sus grandes consumidores, incluidos algunos gobiernos municipales.
La Secretaría de Energía asegura en su último Programa Sectorial de Energía que estos contratos “fueron utilizados para simular el concepto original, mediante ‘socios’ consumidores incorporados con acciones ínfimas de capital, que les ha permitido el acceso a tarifas subsidiadas de porteo, utilizando la infraestructura de transmisión y distribución de la CFE”.
La estatal ha acusado pérdidas por las tarifas fijas que pagan estas centrales. Pero los participantes del sector defienden que se trata de un modelo diseñado desde administraciones anteriores que ha permitido el desarrollo económico en algunas regiones del país en las que la empresa eléctrica hubiese tardado años en llegar.
“Se critica la figura, pero no se ha hecho una crítica interna para bajar costos y volver las tarifas de CFE atractivas”, dice otra exfuncionaria de la Comisión Reguladora de Energía que también ha pedido el anonimato. “La otra manera de ver esto es por qué los privados no quieren estar con CFE”. Las fuentes han pedido no ser citadas debido a la serie de acusaciones que la administración en turno ha hecho de manera frecuente.
Su exclusión de la reforma y las renovables
Y llegó 2008, los altos precios del petróleo –que trajo consigo grandes incrementos a las tarifas eléctricas, sobre todo de los industriales– y una ola cada vez más grande sobre el uso de centrales renovables dieron otro empuje a las sociedades de autoabasto.
La estatal CFE requería de nueva cuenta mayor capacidad de generación, para comenzar a desplazar sus viejas centrales y cumplir con algunas demandas de generación limpia, pero de nuevo no había capital para la construcción de las plantas y la red de transmisión en lugares con potencial eólico, como el Istmo de Tehuantepec. Y entonces el gobierno federal de ese momento, a cargo del panista Felipe Calderón, encontró en estas figuras la forma de incentivar la construcción de centrales, pero esta vez de tecnología renovable.
La fórmula era similar: los privados pondrían el capital para la construcción de centrales eólicas –las que eran factibles en ese momento–, construirían infraestructura para transportar la energía eléctrica a cambio, de nuevo, de una tarifa fija de transporte, conocida como porteo estampilla.
La construcción de estas plantas permitió un aumento de la capacidad eólica del país, en un momento en el que estas tecnologías aún no tenían costos asequibles, como los que tienen ahora.
Y cinco años más tarde llegó la reforma, que quitaría el monopolio de generación a la estatal CFE. El cambio legislativo ya no incluiría la figura de autoabasto, ni tampoco la de Productor Independiente de Energía –que también ha sido uno de los blancos de críticas continuas–, pero respetaría los contratos. “Los contratos tenían una caducidad que no rebasaba los 20 años, no tenía caso no respetar el Estado de derecho por eliminar estos permisos que pronto iban a caducar”, dice una funcionaria cercana al diseño de la reforma de 2013.
El plan de la administración anterior se basaba en esperar a que los contratos caducaran, para que tras esto pudieran ser parte del mercado eléctrico, celebrar contratos bilaterales con industriales o participar en el mercado de corto plazo.
“Los autoabastos siempre han sido figuras imperfectas, pero la ley no se podía hacer retroactiva y por eso permiten que se queden. Claramente son una figura imperfecta, pero el chiste era ir perfeccionando el mercado para que todos los permisionarios fueran migrando poco a poco al mercado. Pero el mercado se creó en 2013, para 2018 ya estaba siendo destruido”, dice.
La reforma también creó, a través de la CFE, la figura de generador de intermediación. El ente que se encarga de administrar los contratos de autoabasto, representar a las centrales eléctricas y a los centros de carga.
CFE Generador de Intermediación es la figura que recibe los pagos de transporte, de servicio conexos, de potencia y se encarga de vender en el mercado de corto plazo los excedentes de los contratos de autoabasto. Pero esta filial de la CFE, que comenzó a funcionar en 2017, ha reportado anualmente balances financieros negativos, que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) distribuye entre todos los participantes del mercado en proporción de sus compras físicas de energía, así que mayormente recaen en la estatal CFE, que es el jugador más grande del sector.
Las pérdidas del mercado se situaron en más 7,000 millones de pesos en 2018 –su cifra más alta desde su creación– y se redujeron a alrededor de 1,000 millones de pesos durante el 2020, posiblemente impulsados por los aumentos en las tarifas de porteo impuestos por el regulador durante ese año. A estas cifras es a las que la administración federal se estaría refiriendo de manera continua cuando se refiere a las pérdidas que le causarían estos contratos.
Pero aunque la mayoría del balance financiero negativo recae en la eléctrica nacional, esa cifra se toma en cuenta por la Comisión Reguladora de Energía dentro del cálculo de las tarifas a usuarios, dice un documento del Monitor Independiente del Mercado.
El mercado, dicen los especialistas del sector, tenía algunas imperfecciones que deberían ser ajustadas por el Cenace conforme avanzará la consolidación del mercado. Las fuentes coinciden en que las figuras de autoabasto deben de desaparecer de manera paulatina, integrarse al mercado en donde están el resto de participantes –incluida la CFE– y sumar a un proceso competitivo. “Yo me preguntó: ¿es necesario cambiar la Constitución por un modelo que representa el 12% del total de generación?”, dice la exfuncionaria de la CRE.
