Otra serie de principios también serían agregados. El documento de reforma también podría incluir un inciso sobre las revisión de tarifas eléctricas y abriría la puerta a la adhesión de estímulos fiscales para incentivar la compra de vehículos eléctricos y el desarrollo de tecnología relacionada.
Rodríguez, una de las piezas clave en la política energética del presidente López Obrador y uno de los principales impulsores de la reforma, dice que los cambios se realizarían para “lograr el consenso necesario” en el legislativo. Algunas de las modificaciones fueron propuestas por miembros de la Confederación Nacional de Gobernadores. y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Partido Acción Nacional ha mantenido una postura más dura respecto a la reforma y no ha manifestado margen de negociación.
Pero quizá los cambios no sean suficientes para calmar los ánimos de la iniciativa privada. Ninguno de los puntos álgidos serían removidos o al menos no hay señales que así lo indiquen.
Los puntos de la reforma que preocupan a los privados
Los incisos que más preocupan al sector privado son los referentes a la cancelación inmediata de los contratos privados, un cambio en el orden en que se toma la energía que se despacha en el sistema para poner al inicio de la fila las centrales de la CFE y la desaparición de los órganos autónomos.
Pero pese a las inquietudes, no hay una señal clara que indique un intercambio o conversación entre las compañías y el gobierno federal o legisladores. El ejercicio de parlamente abierto, que duró mes y medio, tuvo como grandes ausentes a las compañías privadas, quienes dejaron en las asociaciones del sector la defensa de sus actividades y de las inversiones que han desplegado en los últimos 30 años.
Desde su camino como candidato, el presidente López Obrador ha declarado como opositor de la reforma de 2013, que abrió el mercado a la inversión privada. El discurso energético a favor de las empresas estatales se ha mantenido como una parte medular de los mensajes presidenciales, quizá solo opacado por la constante alusión a la lucha contra la corrupción. Con una votación favorable en Diputados, el ejecutivo amarraría el principio del fin del cambio constitucional de su antecesor. Pero el camino para Morena no será sencillo, a menos de que logre una negociación exitosa.
Para aprobar la reforma, Morena necesita que dos terceras partes de la Cámara baja estén a favor del documento. El partido del presidente necesita 57 votos de miembros que no son de su bancada o de sus aliados. Los analistas coinciden en que la posibilidad más viable es que estos votos provengan del PRI o en una opción un poco más remota, de Movimiento Ciudadano.
Los retos para su aprobación
El partido del presidente se enfrenta a un escenario más complicado que el periodo legislativo pasado cuando, con una indiscutible mayoría en ambas cámaras y sin una discusión tan acalorada, logró, por ejemplo, pasar la reforma para la creación de la Guardia Nacional y aprobar la reforma secundaria a la Ley de la Industria Eléctrica, que contenía los puntos medulares del documento que propone una reforma constitucional, pero que fue frenado en juzgados.
El PRI había pedido que la votación de la reforma se diera después de las elecciones estatales de junio próximo, en las que se votarán a los nuevos gobernadores de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
La votación se daría en un momento importante para Morena: el partido y el presidente vienen de anotarse un punto a favor con la inauguración sin grandes contratiempos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la discusión en forma de la reforma se dará en medio de la próxima consulta de revocación de mandato, del 10 abril.
Encuestas difundidas marcan que la aprobación de la reforma daría un punto más a la popularidad del presidente. En octubre una ejercicio difundido por el Gabinete de Comunicación Estratégica indicaba que el 63.8% de los mexicanos están a favor de la reforma impulsada desde presidencia. Otra encuesta de noviembre pasado del periódico El Financiero dice algo similar, que el 51% de la población está a favor de la propuesta, pero el 57% dice conocer poco o nada del documento. Los números muestran que la reforma goza de gran apoyo, pero poco de él es informado.
También, la discusión se dará en un momento decisivo para la política eléctrica. La Suprema Corte se perfila a discutir y probablemente aprobar un proyecto de la ministra Loreta Ortiz que declara como constitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida en marzo del año pasado por la bancada de Morena. La victoria del proyecto daría a la administración federal la oportunidad de echar a andar todos los cambios propuestos en la legislación secundaria, todos ellos incluidos en la reforma constitucional.
Mientras tanto, no queda claro qué pasará si la reforma a la constitución se aprueba. El texto dice que tras ser promulgada, los contratos con privados serán cancelados y la CFE será la única compañía encargada de la generación de electricidad.
Los diputados de Morena se están apresurando para que la reforma llegue al Senado antes del 30 de abril. Los integrantes de la Cámara alta han abierto la posibilidad de cambios al documento. Hace unos días, Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario de Morena, dijo que su bancada estaba abierta a realizar modificaciones al documento relacionadas con demandas del sector privado y especialistas.
En un análisis publicado hace unas semanas por REDD Intelligence se acota que el Senado ya estaría trabajando en modificar algunas partes del documento para evitar arbitrajes internacionales o violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La firma dice que uno de los cambios principales irían enfocado a eliminar de manera gradual los contratos legados.
De aprobarse la reforma, los puntos finos de acuerdo se acordarían en las legislaciones secundarias, aunque las alertas entre las compañías privadas y los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea ya han sido encendidas desde antes de ser presentada la reforma.
