¿Qué es el Panaut?
Mario Delgado, diputado por Morena, presentó en diciembre de 2020 una iniciativa en la Cámara de Diputados para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). El proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones fue aprobado por la cámara baja el 10 de diciembre del mismo año con 392 votos a favor, 44 en contra y nueve abstenciones.
El 13 de abril de 2021, el Senado aprobó en lo general la creación del padrón, con el objetivo de recabar los datos de todas las personas que cuenten con una línea de telefonía móvil, incluyendo la recolección de datos biométricos.
¿Qué datos personales tendrá el Panaut?
En caso de que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que dio paso a la creación del Panaut no se declare inconstitucional, el titular de la línea deberá registrar datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris, clave Única de Registro de Población (CURP), indicar si la línea fue contratada en la modalidad de prepago o pospago y proporcionar datos sobre nacionalidad en caso de ser extranjero. Los usuarios que se opongan a dar dicha información verán canceladas en automático sus líneas telefónicas móviles.
La invalidación del Panaut por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizaría el resguardo de la información de 129.8 millones de usuarios que actualmente tienen una línea telefónica.
¿Qué riesgos hay con el Panaut?
La principal preocupación sobre el Panaut es que se convierta en el extinto Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), cuyo registró telefónico vio la luz durante la administración de Felipe Calderón. Con el Renaut la extorsión incrementó 40%, ya que los datos de los usuarios se vendían en el mercado negro en 500 pesos. El Registro fue eliminado en 2011.
Además, se teme que el Panaut se convierta en un nuevo mercado de tráfico de tarjetas SIM para el crimen organizado, pues las podrán importar desde Estados Unidos en donde no existe este padrón.
La iniciativa de crear el Panaut impulsó a organizaciones civiles, como Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el INAI y a los propios usuarios a emprender recursos legales para impedir que se desarrolle una base de datos de los consumidores.
La organización civil R3D creó una plataforma para que los ciudadanos pudieran generar una demanda de amparo para defenderse del Panaut que logró documentar alrededor de 3,000 demandas. “Pero todos los días nos notifican más. Es algo bastante irregular. Normalmente, en cuestión de días de presentada la demanda se nos notifica la admisión o desechamiento. Estamos a casi un año de la presentación de las demandas y nos siguen llegando notificaciones. De la plataforma se descargaron alrededor de 15,000 demandas pero es incierto cuantas se presentaron”, asegura Luis Fernando García, director general de R3D.
¿Quiénes crearán y vigilarán al Panaut?
De no declarase como inconstitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá crear y gestionar el Padrón de Telefonía. Telcel, AT&T, Telefónica, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) e incluso los pequeños concesionarios estarán obligados a generar una base de datos con la información de todos sus usuarios, la cual posteriormente deberán entregar al órgano regulador de telecomunicaciones.
De acuerdo con el IFT, crear el Panaut requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación, mientras que para los años subsecuentes –restando las inversiones iniciales– necesitará 88 millones de pesos. Sin embargo, el Instituto no está facultado ni técnica ni financieramente para crear un registro.
Los operadores de telefonía como Telcel, AT&T o Telefónica quedarán sujetos a multas que irán de los 1,792 hasta los 4,481 pesos por registrar extemporáneamente las líneas telefónicas. Mientras que por no registrar una línea telefónica o por no actualizar el Padrón las compañías deberán pagar de 44,810 pesos hasta 89,620 pesos.
Por hacer uso indebido de la base de datos, las empresas serían sancionados por 896,200 pesos hasta 1,344,300 pesos.
