Esa imposibilidad ha sido reconocida por la propia administración federal. Unos días antes del anuncio presidencial, la Secretaría de Energía publicó el Programa para el desarrollo del sistema eléctrico nacional –el documento clave del sector– y en una de sus páginas reconoce que ese 35% de energía limpia podría ser cumplida hasta 2031, siete años después de lo previsto y lo anunciado por el presidente el viernes pasado, que también forma parte de los compromisos del Acuerdo de París.
El documento dice que en 2024 se generará sólo 30.5% de energía vía fuentes limpias y reconoce que hasta 2035 México empatará su meta con el porcentaje de energía limpia producida en el país, que será de 41%. La versión de este documento ya no está disponible y ha sido cambiada por otra que no contiene estos cálculos.
México no ha logrado cumplir con ninguno de los compromisos definidos previamente. En 2018 generó 22.5% y en el año pasado 29.5%, de acuerdo con datos oficiales. Las metas eran de 25% y de 30%, previamente. “Imposible, subrayado y con mayúsculas, es imposible (llegar). Simplemente no dan las cuentas”, dice Adrián Fernández, el director de la Iniciativa Climática México, sobre la meta refrendada por el presidente el viernes pasado en una reunión remota.
Lo dicho por Fernández, y otros analistas del sector, tienen como argumento los cambios constantes al mercado eléctrico. El gobierno inició desde los primeros días del sexenio una cruzada contra las inversiones privadas –que ganaron terreno en el sexenio pasado tras la reforma de 2013– y las centrales renovables han sido las víctimas colaterales.
Todas los cambios regulatorios han afectado a las nuevas centrales eólicas y solares. Esas modificaciones constantes trajeron consigo una incertidumbre en el mercado y la desincentivación de nuevas inversiones, que se acompañó de una parálisis de autorizaciones para nuevas centrales renovables.
Esas modificaciones comenzaron con la cancelación de las subastas de largo plazo, mediante las cuales la estatal CFE adquiría electricidad de centrales renovables que eran construidas por privados, ante la falta de capital y proyectos desde la eléctrica nacional. Continuaron con las modificaciones a los Certificados de Energías Limpias, un instrumento que incentivaba la nueva inversión en centrales eólicas y solares, y siguieron con la reforma secundaria a la Ley de la Industria Eléctrica y con la reforma constitucional que fue frenada en la Cámara de Diputados.
“Las renovables fueron un daño colateral de la guerra del presidente contra el sector privado que participa en energía. Este gobierno se aseguró de poner todos los bloqueos y todas las trabas y todos los obstáculos para que no avanzan las redes las renovables, que acabaran las subastas”, dice Fernández en entrevista.
En el país, 86.9% de las centrales funcionan a base de combustibles fósiles, según los datos oficiales. El viernes pasado el presidente anunció la construcción de nuevas centrales eólicas y solares, que serán desarrolladas con capital de compañías estadounidenses. Pero fuera de ello, el gobierno federal no contabiliza dentro de sus planes nuevas plantas renovables, más que un parque solar de la estatal CFE en Puerto Peñasco, Sonora. “Definitivamente no van a llegar a esa meta, y no van a llegar simplemente porque el plan que tienen continúan basado en apostarle a los combustibles fósiles”, dice Pablo Ramírez, de Greenpeace.
El último documento de la Secretaría de Energía dice que hasta 2025 la nueva capacidad instalada tendrá como base gas natural y otros combustibles fósiles. Y que será hasta 2026 que nuevas centrales eólicas y solares serán consideradas como parte de los proyectos estratégicos.
