Año y medio después de lo pactado, México aún no cumple con la meta en cuanto a generación de energía limpia que tenía acordada para 2018 como parte de la Ley de Transición Energética, que marca los primeros pasos para los objetivos de largo plazo en la materia.
México fracasa en su primera meta de energías limpias
La Ley de Transición Energética marca una serie de metas rumbo al Acuerdo de París. México no llegó al primer objetivo.
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La Ley de Transición Energética establecía que al terminar 2018, el 25% de la energía eléctrica consumida en el país debía ser generada mediante centrales limpias –como las eólicas, hidroeléctricas o solares–, pero hasta ahora el objetivo no ha sido cumplido.
Información del Centro Nacional de Energía (Cenace), el encargado del sistema eléctrico, indica que hasta julio de este año el 24% de la electricidad consumida en el país se generó mediante estas plantas.
La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) tiene una estadística un poco menos favorecedora: de acuerdo con sus últimos datos, sólo el 22.9% de la electricidad en México se genera mediante procesos amigables con el ambiente.
La Ley de Transición Energética, diseñada durante la administración pasada, establecía los objetivos de corto plazo para lograr una de las metas más importantes a nivel mundial en esta materia: el Acuerdo de París, el principal instrumento internacional para reducir las emisiones de carbono y evitar el avance del cambio climático.
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Así, con la meta de 2018 aún sin cumplir, México se aleja de lograr lo establecido en el acuerdo internacional, en el que se comprometió a que en el 2024 el 35% de su generación eléctrica sería producida por centrales limpias y el 43% en 2030.
Participantes del sector descartan que las metas marcadas en esta ley sean inalcanzables o muy altas, sobre todo tomando en cuenta que, a diferencia de otros países, México califica como energía limpia a la generada en centrales hidroeléctricas o nucleares.
Si bien el cumplimiento de la meta de 2018 era responsabilidad de la anterior administración federal, el actual gobierno ha dado pasos en reversa para el cumplimiento de los objetivos.
En enero y febrero del año pasado, respectivamente, la administración canceló la construcción de dos líneas de transmisión –que conectarían al Istmo de Tehuantepec con el centro y a la península de Baja California con el resto del país– y la cuarta subasta eléctrica.
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También en octubre de 2019 emitió un acuerdo para modificar los lineamientos de emisión de los Certificados de Energías Limpias (CEL), un mecanismo puesto en marcha después de la reforma energética para incentivar la construcción de nueva infraestructura eléctrica renovable.
Hasta ese momento, los CELs sólo podían ser emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a los participantes del mercado que desarrollaran nuevas centrales de generación. Con el cambio, la Secretaría de Energía buscaba que estos certificados también fueran otorgados a las centrales hidroeléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad que fueron construidas antes de 2014.
Esto último fue calificado por especialistas en la materia y organizaciones ambientalistas como un intento para disfrazar el cumplimiento de México en sus objetivos de generación eléctrica.
“El gran problema es que la política energética nunca ha ido encaminada a invertir en la transición energética. La política energética en el país nunca ha sabido llevar a la práctica una transición energética que sea justa, sustentable y pronta, pero cuando vemos la inyección a hidrocarburos que toma esta administración vemos claramente que se mueve en la dirección opuesta”, dice Pablo Ramírez, especialista en temas energéticos de Greenpeace.
Para 2021 México tiene una nueva meta: la de generar el 30% mediante centrales limpias, pero los especialistas adelantan que el objetivo está lejos de ser cumplido, sobre todo por la falta de una estrategia creíble en la materia y el impulso al sector de hidrocarburos y de combustibles fósiles por el que ha optado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hasta ahora, la principal estrategia del gobierno federal en la materia es la modernización de las 60 hidroeléctricas propiedad de la CFE para incrementar su uso y convertirlas en la primera fuente de electricidad.
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