A la par de que se dio a conocer la apertura de la indagatoria, en la Cámara de Diputados se llevaba a cabo el parlamento abierto para la discusión de la reforma constitucional. El documento, que finalmente fue rechazado, planteaba la terminación casi inmediata de todos los contratos con privados que fueron celebrados en sexenios pasados por, según argumentaba el documento, representar un mal negocio para el Estado. En especial, la iniciativa apuntaba hacia la terminación expresa de los contratos de autoabasto.
El cambio constitucional no pasó la prueba en el Congreso y fue desechado. E inmediatamente después el presidente López Obrador lanzó una invitación a las compañías privadas titulares de un permiso de autoabasto para negociar el termino de los contratos. “Hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice”, dijo en una de sus conferencias de finales de abril. También en ese mes la administración federal informó que comenzaría con una revisión a cerca de 110 permisos de autoabasto que, a su juicio, no se ajustan al marco jurídico y dejó abierta la probabilidad de revocarlos.
Pero mientras el presidente lanzaba la invitación a las compañías privadas en aras de negociar y evitar denuncias penales, según dijo, el regulador ya tenía concluída la investigación e Iberdrola ya había sido informada del resultado, de acuerdo con el expediente público. Desde febrero pasado, se lee el documento, la española –que tiene capital de grandes fondos como BlackRock– había solicitado a un juzgado la suspensión del procedimiento de sanción, pero el recurso le fue revocado.
El regulador ha basado la sanción en una regulación que estipula que vender energía eléctrica desde centrales de autoabasto podría representar una sanción de 100 veces el salario mínimo de la Ciudad de México por cada kilowatt-hora generado en el activo. La central Dulces Nombres –que ha sido el motivo de la sanción– de Iberdrola puede generar hasta 1,008 megawatts, según la información de la empresa. La Comisión ha utilizado como principal argumento de su sanción una serie de facturas proveídas por el SAT –que van del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020– y que supuestamente la española habría entregado a sus clientes compradores de electricidad. El dato del monto de las facturas no es público, pero Iberdrola ha argumentado, según el expediente, que el SAT y la CRE violaron el secreto fiscal y por lo tanto las pruebas no son legales. El regulador por su parte dice que realizó la indagatoria meramente basado en documentos oficiales.
El problema que tiene Iberdrola en su central de Dulces Nombres no comenzó a la par del anuncio de la sanción. En enero pasado la planta en Nuevo León sufrió grandes aprietos, el permiso de generación eléctrica caducó y el regulador le negó –desde noviembre pasado– la autorización para continuar sus actividades. Ya en febrero el activo quedó en el limbo, las dos centrales que lo conforman fueron desconectadas del sistema y con ello, algunos grandes industriales. Iberdrola obtuvo ese permiso desde 2002 y con esta central provee de electricidad a compañías como la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Kimberly Clark y Ternium.
El presidente rápidamente respondió que la CFE tendría la capacidad de proveer de electricidad a los privados y que no existiría una mayor crisis. Ya en marzo, la española logró una suspensión definitiva para que el activo continúe en funcionamiento mientras se determina de fondo la situación de Dulces Nombres.
Mientras todo eso transcurría y la desconexión del activo se mantenía en los titulares, las partes continuaban con sus negociaciones de un tema aún mayor al interior. Iberdrola argumenta, según el expediente, que no se le dio la oportunidad de defenderse. Los especialistas del sector coinciden en que la sanción es desproporcionada.
Pero por ahora, la española ha conseguido una suspensión definitiva para no pagar la sanción durante el tiempo que dure el juicio. El presidente ha amagado con investigar al juez que otorgó la medida a la multinacional.
Las primeras audiencias están programadas para inicios de septiembre y los abogados del sector dicen que el caso podría ser resuelto en los próximos seis meses a un año.
Iberdrola ya ha pasado de ser la compañía más mencionada por el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras a ser la primera empresa privada en ser sujeto de uno de los principales objetivos de la administración federal en materia energética: el intento por poner fin a las sociedades de autoabasto.
