Sin embargo, el pasado 31 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la validez de las ternas para comisionadas al IFT y para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), argumentando que que el listado que le envío el Comité de Evaluación carece de validez, pues solo fueron emitidas por dos de los tres miembros que deben integrar.
“Del análisis realizado por el IFT, la omisión de selección del Ejecutivo Federal incide en el ámbito competencial de este órgano regulador al poner en riesgo facultades orgánicas y funciones esenciales que le han sido conferidas por la Constitución y por las leyes, lo que afecta la autonomía que le otorgó la Constitución y le impide ejercer a través de su órgano máximo de gobierno, el Pleno, todas y cada una de las atribuciones que le son encomendadas por la Constitución Federal y por las leyes”, detalló el órgano regulador de las telecomunicaciones en un comunicado.
Desde el 29 de febrero de 2020, con el término de la gestión de Gabriel Contreras como presidente comisionado del IFT, el instituto ha operado de manera incompleta. En una primera instancia, la pandemia paralizó los trámites burocráticos, frenando la asignación de nuevos cargos al interior del instituto. Adolfo Cuevas tomó las riendas de manera temporal del órgano regulador de las telecomunicaciones, al ser el comisionado con más tiempo dentro del Instituto. Entonces el Pleno se quedó con solo seis de siete comisionados que lo deben integrar y con un montón de obstáculos por delante.
En 2021, el IFT también enfrentó la salida de otro comisionado: Mario Fromow Rangel, quien al término de su gestión dejó al Pleno del Instituto con solo cinco comisionados de siete que deben ser. Cinco es el mínimo necesario para que el Instituto pueda operar de manera correcta.
En febrero de este año, Adolfo Cuevas terminó su gestión como presidente interino y como comisionado, dejando sólo a cuatro de siete integrantes que requiere el Pleno, además de contar con una nueva presidencia interina: Javier Juárez Mojica.
El Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel) también presentó en diciembre de 2021 un amparo para que el gobierno cumpla con la emisión de una Política de Inclusión Digital Universal. El recurso busca que se cumpla con el mandato de elaborar una estrategia digital "que garantice a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento
