De acuerdo con el laudo 88/2015 ganado en favor de 453 jubilados de Mexicana de Aviación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) obliga a la empresa a cubrir el pago de las pensiones adeudadas. De ahí que, para el grupo de jubilados, el acuerdo con los sindicatos –del cual se les excluyó “por haber abandonado el proceso” según las mismas organizaciones– va en contra de lo dictado por la propia junta.
El grupo de jubilados asegura que no está contra la venta de los bienes de Mexicana de Aviación, sino en la forma en que se repartirán los recursos. De acuerdo con Iván Enriquez, representante común en la demanda 88/2015 de Jubilados vs Mexicana, bajo un criterio prorrata la percepción de un jubilado podría disminuir desde un millón de pesos –que en varios casos es la pensión dictada por la JFCA en 2015, como pudo confirmar Expansión– hasta 20,000 pesos en un escenario donde se reparta equitativamente el monto de la venta de los bienes.
“Para un compañero activo que ya tiene su trabajo en Aeroméxico, que recibe un sueldo de 40,000 pesos, recibir 20,000 pesos por decir que ya se le hizo justicia, no hace gran diferencia. Pero para esta parte vulnerable de la sociedad como los jubilados, puede ser un asunto de vida o muerte”, dice el representante.
El gobierno federal acordó con los sindicatos la compra de la marca, un centro de adiestramiento, un edificio en Guadalajara, un piso en Balderas y un simulador para echar a andar su propia aerolínea, que el presidente Andrés Manuel López Obrador espera poner en operaciones a finales de año a cargo de las fuerzas armadas.
La Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM) señala que el grupo de 228 jubilados busca “quedarse con todo”; sin embargo, el amparo directo 103/2023 promovido el pasado 11 de enero, sólo señala como violaciones la falta de notificación a grupo pese a ser acreedores preferentes por el laudo ganado en 2015.
El amparo también advierte de la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la JFCA en el proceso de compraventa “a pesar de tener pleno conocimiento que existe al menos un juicio laboral en los que dichos bienes se encuentran embargados”. Además, señala que la STPS no ha realizado los trámites necesarios para lograr la ejecución del laudo.
Dado que el monto de la compra es de alrededor de 817 millones de pesos, los jubilados consideran que la mitad de este monto alcanza a cubrir al 100% el monto total del laudo, que, sin actualizaciones hasta 2016, es de alrededor de 400 millones de pesos.
“Para el resto de los compañeros, recibir la mitad dado que tienen trabajo e ingreso, no tiene tal nivel de trascendencia”, aseguran.
De momento, el juicio de amparo derivó en una suspensión provisional contra el levantamiento de embargo, pero se está a la espera de una audiencia el próximo 13 de marzo para determinar si procede el amparo y en qué condiciones.
