Este no ha sido el único caso. La cantina El Gran León de Oro también obtuvo una suspensión definitiva, mientras que las cadenas de Grupo Hauman recibieron una provisional. En tanto, hay cientos de demandas de amparos promovidas por particulares y cámaras empresariales.
Rivera, de la ANPEC, confirmó a Expansión que lograron presentar 32 demandas individuales de amparo en 29 estados de la república, más una a nivel organizacional. Y aunque no todos los fallos han sido favorables, esperan llevar los casos fallidos ante los tribunales colegiados, donde se buscará crear jurisprudencia.
“El reglamento apoya toda su fuerza en temas de la defensa de la salud pública y nosotros tenemos toda la robustez en la defensa de las libertades de venta de comercio, de consumo y de la libre competencia”, dice el presidente de ANPEC. “Nos alienta que cadenas como Oxxo hayan recibido la suspensión definitiva, nos alienta porque sienta un precedente dentro de este debate”, añade.
José Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), en una conferencia de prensa dijo que son alrededor de 38,000 comercios los que se verían afectados por la regulación.
Carlos Hernandez, socio de BC&B Law & Business, comenta que ahora que finalizaron los 30 días para presentar un amparo por aplicación, solo podrán hacerlo aquellos comercios que reciban una sanción por parte de la autoridad.
Aunque hay organizaciones que han externado que quieren crear jurisprudencia para cancelar el decreto, el abogado comenta que no es tan sencillo dado que, en una primera instancia, estos procesos se realizan en juzgado de distrito, es hasta que llegan a los Tribunales Colegiados de Circuito.
Para crear jurisprudencia es necesario sumar cinco amparos con una sentencia satisfactoria en un mismo sentido, lo que da pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. “Sí puede existir esa posibilidad de la jurisprudencia; sin embargo, hoy en día los amparos están a nivel de los Juzgados de Distrito”, explica Carlos Hernández.
Aunque haya comercios que no reportan afectaciones, ha sido una buena decisión que recurrieron a los amparos, agrega el especialista. “Que se promuevan por la vía del amparo ante este tipo de normas, lo que hace es que se está viendo que están ejerciendo sus derechos, y ahora el trabajo está en manos del poder judicial, quien tiene que verificar si este tipo de cumplen con su objetivo y con los principios de legalidad”, finaliza.